Magistrado Arrocha Osorio expone a consultores cambios, avances y retos tras la implementación del Código Procesal Civil

Con el propósito de dar a conocer los avances, perspectivas y retos surgidos tras la implementación integral del Código Procesal Civil, el pasado 13 de octubre, el magistrado presidente de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha Osorio, sostuvo una entrevista en profundidad con representantes de Kantar, firma especializada en análisis de datos y consultoría en mercadeo y gestión de marca.
Durante los 45 minutos de entrevista virtual, el magistrado Arrocha Osorio destacó los principales objetivos que impulsaron la creación, aprobación, divulgación e implementación de la Ley 402 de 2023, que adopta el Código Procesal Civil. Subrayó que el eje central de esta transformación es garantizar una justicia civil más eficiente e inmediata, con impacto directo en el ciudadano. “Lo que se está haciendo es humanizar la justicia, acercándola al usuario”, afirmó ante los consultores Ricardo Alfaro y Alexandra Uribe.
Entre los cambios más inmediatos, mencionó la transformación en la enseñanza del Derecho y la implementación de un modelo de gestión más efectivo. Reconoció que todo proceso de cambio genera ansiedad entre los actores del sistema; sin embargo, enfatizó que esta disminuye cuando existe un acompañamiento sostenido por parte de la gerencia de la jurisdicción civil.
El magistrado insistió en la importancia de que los abogados —usuarios externos del sistema— asuman un rol protagónico en su propio proceso de formación, con el Órgano Judicial actuando como acompañante y no como organizador, pues esta última función no le corresponde. De igual manera, exhortó a las academias a actualizar sus mallas curriculares para preparar a los futuros profesionales conforme a las exigencias del nuevo modelo procesal.
Al referirse a los retos pendientes para consolidar este cambio, Arrocha Osorio señaló la necesidad de fortalecer áreas clave mediante mayores recursos presupuestarios. Entre ellas, los tribunales encargados de tramitar las causas ingresadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 402. También destacó las mejoras requeridas en infraestructura, reforzamiento del recurso humano para la liquidación de causas, modernización tecnológica, automatización, incorporación de herramientas de inteligencia artificial y la continuidad en los procesos de capacitación.
Finalmente, el presidente de la Sala Primera de lo Civil reiteró que todo este esfuerzo institucional debe traducirse en que el ciudadano perciba un valor agregado en el servicio público de administración de justicia que recibe.
Por: Enrique L. Brathwaite
Fotografías: Oscar A. Morán L.
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