Mantienen medidas cautelares por caso de drogas a miembros de la Policía Nacional y otros civiles

El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, presidido por la magistrada Greta Marchosky, junto a sus homólogos Francisco Carpintero y Miriam Jaén, confirmaron la resolución del 3 de mayo de 2018, proferida por la juez de Garantías, Karolina Santamaría, mediante la cual se le impusieron a cuatro (4) unidades de la Policía Nacional y tres (3) civiles, las medidas cautelares personales de reporte periódico los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, así como la prohibición de salir del Distrito donde residen en la provincia de Chiriquí, y en consecuencia, de la República de Panamá.

Los magistrados, en su decisión adoptada de forma unánime en la audiencia de apelación celebrada este jueves 10 de mayo, fundamentaron la misma en que no existía una vinculación comprometida y fuerte contra los hoy imputados, como para aplicarles la medida cautelar más severa como lo es la detención provisional que solicitaba el  fiscal 2° Superior de Drogas, Eduardo De La Torre.  Aunado a lo anterior, tal como lo valoró la juez de garantías, todos los imputados poseen arraigos domiciliarios, laborales y familiares, que hacen concluir que las medidas impuestas son las más acordes hasta este momento, entre otros elementos de convicción argumentados en el acto de audiencia.

El fiscal de la causa, al escuchar la decisión del Tribunal de Apelaciones, preguntó a los magistrados sobre su solicitud de suspensión del cargo público a las unidades policiales, por haber cometido el delito en sus funciones, contestando la magistrada Marchosky que la confirmación de la decisión era en todo su contexto, es decir, por ahora no se justifica.

A este acto de audiencia de apelación asistieron los defensores particulares Carlos Landero, Modesto Brown, Uldaricio Díez y Cristian Lara, y las defensoras públicas Ekatherina González, Heidy González y María Victoria González; todos que fueron contestestes en su argumentación de que se confirmara la decisión adoptada por la juez de primera instancia.

Esta causa penal inició en el 2016, con las operaciones encubiertas "Denver" y "Frontier" que fueron acumuladas por ambas fiscalías de drogas, en donde se da seguimiento a una organización criminal que se dedicaba al trasiego de drogas, con la participación de civiles y unidades de la Policía Nacional, que servían de escoltas a los vehículos que transportaban la droga, inclusive daban paso expedito de dichos vehículos al transitar por el control de Guabalá, en la provincia de Chiriquí.　 En este operativo, se incautó más de 600 kilos de la droga conocida como cocaína, además de dinero, producto de cuatro diligencias de seguimiento y vigilancia ocurridos en diversos puntos del país.