Nota de Prensa

La implementación del Sistema Penal Acusatorio, el 2 de septiembre de 2011, en los circuitos judiciales de Coclé y Veraguas, incluyó que a partir de esa fecha, los procesos de competencia de la Sala Penal y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, debían ser tramitados de conformidad con el Código Procesal Penal de 2008 y no el Libro III del Código Judicial de 1986.

La Constitución Política vigente y el Código Procesal Penal de 2008, expresan que corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la investigación y juzgamiento de los miembros de la Asamblea Nacional y de sus homólogos del Parlamento Centroamericano. Para ello se establece un procedimiento especial, que implica a un Magistrado Fiscal, a un Magistrado de Garantías, y a los suplentes de estos, que integren con el resto del Pleno lo que sería el Tribunal de Juicio Oral.

De acuerdo a todo lo anterior, en la Corte Suprema de Justicia debe existir un despacho de apoyo, para todos los Magistrados que vayan a desempeñar el rol de Magistrado Fiscal, y una oficina judicial para los Magistrados que hayan sido elegidos como Magistrados de Garantías.

Estas dos dependencias – despacho de apoyo a los Magistrados Fiscales y oficina judicial para los Magistrados de Garantías – deben contar con el personal y equipo idóneo para cumplir con los deberes que señala la Constitución Política y el Código Procesal Penal de 2008, sin soslayar quienes son las personas a las que hay que investigar y procesar: Diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano.

A fines de enero del 2015, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, solicitó por escrito al Excelentísimo Señor Presidente de la República y a sus Excelencias Señores Ministro de la Presidencia y Ministro de Economía y Finanzas, un crédito adicional por poco menos de un millón de balboas, para el nombramiento de un personal idóneo de apoyo a los que se desempeñen como Magistrado Fiscal y del recurso humano necesario para la oficina judicial de los que se desempeñen como Magistrados de Garantías, aparte del equipamiento y adecuación de las instalaciones.

Entre marzo – abril de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia coordinó directamente con el señor Ministro de Economía y Finanzas, que en lugar de recibir un crédito adicional, que se tramitase el uso de unos ahorros que había generado el Órgano Judicial en el primer trimestre del año, lográndose elaborar una planilla de funcionarios y el recurso monetario para adecuar un espacio físico y equiparlo con lo necesario para las importantes tareas a desempeñar. Esa coordinación se realizó posteriormente con el señor Contralor General de la República.

Desde mayo de 2015 el espacio físico se encuentra habilitado, con el mobiliario y equipo idóneo, y se inició el proceso de nombramiento del personal de acuerdo a la planilla preconcebida para esos efectos. El jefe del despacho de apoyo de los Magistrados Fiscales tiene la categoría de Magistrado de Tribunal Superior y salario mensual de seis mil balboas (B/. 6,000.00). El jefe de la oficina de apoyo de los Magistrados de Garantías, también con la misma categoría y emolumentos (Magistrado de Tribunal Superior y B/. 6,000.00 mensuales).

En total son 36 cargos y posiciones, con el recurso económico hasta el 31 de diciembre de 2015, y al día de hoy, miércoles, 15 de julio de 2015, 13 se encuentran ocupados y hay 23 vacantes, y de estos últimos, con salarios mensuales entre los B/. 4,000.00 a B/. 530.00.

Los Honorables Magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia que están utilizando el despacho de apoyo y la oficina judicial, son Oydén Ortega Durán, Jerónimo Mejía Edward, Harry A. Díaz González de Mendoza y Nelly Cedeño de Paredes. Veamos.

El proceso penal donde el Magistrado Fiscal es el Honorable Oydén Ortega Durán y el Magistrado de Garantías es el Honorable Jerónimo Mejía Edward, contra un miembro del Parlamento Centroamericano, se encuentra suspendido por advertencia de inconstitucionalidad que debe atender la Honorable Magistrada Suplente Gisela Agurto y luego aguardar lo que decida el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

El proceso penal donde el Magistrado Fiscal es el Honorable Harry A. Díaz González de Mendoza y el Magistrado de Garantías es el Honorable Jerónimo Mejía Edward, contra un miembro del Parlamento Centroamericano, se encuentra suspendido hasta que el Tribunal Electoral decida una previa solicitud ya presentada, de levantamiento del fuero penal electoral.

El proceso penal donde el Magistrado Fiscal es el Honorable Abel Augusto Zamorano y el Magistrado de Garantías es el Honorable José E. Ayú Prado Canals, contra un miembro del Parlamento Centroamericano, está pendiente que se solicite por escrito el levantamiento del fuero penal electoral por parte del Tribunal Electoral y de lo que se decida acerca de esa petición.

El proceso penal donde el Magistrado Fiscal es el Honorable Abel Augusto Zamorano y el Magistrado de Garantías es el Honorable José E. Ayú Prado Canals, contra un Honorable Diputado Suplente de la Asamblea Nacional, se encuentra en trámite en la parte preliminar de la fase de investigación (aún no se ha solicitado audiencia para la formulación de imputación).

El proceso penal donde el Magistrado Fiscal es el Honorable José E. Ayú Prado Canals y el Magistrado de Garantías es el Honorable Harry A. Díaz González de Mendoza, contra un Honorable Diputado Suplente de la Asamblea Nacional, se encuentra en la fase de investigación, luego de hacerse la imputación de cargos en una audiencia pública el día jueves, 11 de junio de 2015. Se solicitó y concedió el plazo de 2 meses para completar la fase de investigación.

Ni el Magistrado Abel Augusto Zamorano, ni el Magistrado José E. Ayú Prado Canals, utilizan el despacho de apoyo para Magistrados Fiscales, ni en cuanto a personal ni a espacio físico y equipo o mobiliario, para adelantar lo preliminar de la fase de investigación (Magistrado Zamorano) y la fase de investigación (Magistrado Ayú Prado), de los respectivos procesos penales antes descritos.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia cuenta con los recursos humanos y económicos para hacer frente a los procesos penales contra miembros de la Asamblea Nacional y sus homólogos del Parlamento Centroamericano, que hasta el día de hoy – miércoles, 15 de julio de 2015 – han sido repartidos y de esos, los que han sido admitidos y se encuentran pendientes del correspondiente impulso procesal.

En el presupuesto para el año 2016, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha adoptado las previsiones correspondientes para que no se entorpezca el trámite que hay que imprimirles a las denuncias, querellas y causas penales no concluidas iniciadas en otras instancias, que se encuentran actualmente en el Órgano Judicial y las que sean recibidas en el futuro en la Secretaría General y enviadas desde el Ministerio Público u otras entidades. Y está en discusión, con amplitud de criterio, cualquier medida que haya que adoptarse en este mismo sentido.