Oficinas judiciales programan 48 audiencias de garantías por diversos delitos este sábado 22 y domingo 23 de febrero

Un total de 48 audiencias de garantía se desarrollaron los días sábado 22 y domingo 23 de febrero en las distintas oficinas judiciales del Sistema Penal Acusatorio (SPA), la mayoría de ellas por delitos relacionados con droga, violencia doméstica y posesión ilegal de armas, entre otros.

Primer Distrito Judicial

En la Oficina Judicial de Plaza Ágora se agendaron 10 audiencias el sábado y 12 el domingo, para hacer un total de 22 este último fin de semana. De ese total, 10 fueron por delitos relacionados con droga, incluyendo el proceso por la operación “Cohíba” donde también se investiga la trata de personas.

Entre las medidas cautelares aplicadas por los jueces de garantía están los reportes periódicos, colocación de brazalete electrónico, detención preventiva, impedimentos de salida del país y retención domiciliaria. En algunos procesos los jueces anunciaron la suspensión del proceso con base al artículo 215 del Código Procesal Penal, también se formalizaron mediaciones y se validaron acuerdos de pena.

El SPA de Panamá Oeste, cuyas oficinas se ubican en el distrito de La Chorrera, realizó cuatro audiencias de garantías el sábado 22, por delitos de robo, contra la salud pública (droga), posesión ilegal de armas y falsificación de documento. El domingo 23 de febrero continuó la audiencia por falsificación de documentos y se desarrollaron otras siete, por delitos relacionados con droga, violencia doméstica y robo, aplicándose medidas cautelares como detención preventiva y reportes periódicos.

Por su parte, la Oficina Judicial de Colón programó dos audiencias de garantías, ambas el domingo. Una por receptación de cosas provenientes del delito, donde tras legalizar la aprehensión y formular la imputación, el juez de garantías validó un acuerdo de pena de 36 meses de prisión y $800 de multa. La pena de prisión fue conmutada a 250 días multas, a razón de un balboa por día.

El otro caso fue por posesión de armas, donde se legalizó la aprehensión.

La Oficina Judicial de San Miguelito agendó una audiencia por droga el sábado, donde al investigado se le imputó y luego el proceso fue suspendido condicionalmente, con base al artículo 215 del Código Procesal Penal.

El domingo 23 de febrero se desarrolló una audiencia por el delito contra la familia, que derivó en el reporte periódico los días 15 y 30 del imputado. Un segundo proceso en esta fecha fue por el delito contra la vida (homicidio), legalizándose la aprehensión y ordenándose la detención provisional luego de la imputación.

El SPA en Darién realizó dos audiencias, una el sábado 22 de febrero por el delito de quebrantamiento de medidas de protección y sanciones, que derivó en la orden de reporte periódico los 15 y 30 de cada mes y prohibición de acercarse a la víctima. Mientras que el domingo, se efectuó la segunda por posesión simple de droga. Al imputado se le aplicó, luego de un acuerdo de pena, sentencia de 100 días multas, a razón de $1.50 por día pagadores en un plazo de 15 días. Igualmente, se le multó con $50, que debe cancelar en un término de dos semanas.    

Segundo Distrito Judicial

En la provincia de Coclé se desarrollaron dos audiencias por posesión simple de droga. Una terminó con suspensión condicional del proceso y en la otra solo hubo imputación. Mientras que en Veraguas se desarrolló este último fin de semana una audiencia por el delito de posesión ilegal de arma, la que concluyó con un acuerdo de pena de 48 meses de prisión, los que fueron reemplazados por 200 días multas.

Tercer Distrito Judicial

Aquí se desarrollaron cuatro audiencias, una en Chiriquí por la supuesta comisión del delito de estafa, con decisión de aplicación de medida cautelar y reporte periódico los días 30 de cada mes. Mientras que en Bocas del Toro se desarrollaron tres, una por actos libidinosos con decisión de firma cada cuatro meses y prohibición de acercarse a la víctima; venta de sustancias ilícitas, con acuerdo de pena de 84 meses de prisión y 24 meses adicionales de inhabilitación para ejercer funciones públicas; y un proceso por relaciones consentidas, con acuerdo de pena de 48 meses de prisión, reemplazada por 150 días multas a razón de un balboa diario. En este caso también se le inhabilitó por dos años para ejercer cargos en lugares donde se agrupen menores de edad.    

Cuarto Distrito Judicial

En la región de Azuero solo se desarrolló una audiencia de garantías este fin de semana, en la provincia de Los Santos, por el delito de estafa, la que derivó a Métodos de Resolución de Conflictos.

Por: Enrique Luis Brathwaite