Ordenan medidas cautelares a taxistas del Darién por el tráfico ilícito de migrantes
La tarde de este miércoles 16 de mayo, se realizó una audiencia de control frente al juez de Garantías, Agustin Ortiz, en contra de 3 hombres de 46, 30 y 19 años de edad, dos de ellos son taxistas que residen en la provincia del Darién, a quienes les aplicaron las medidas cautelares de reporte periódico los días 30 y 15 de cada mes , y el impedimento de salida del país, por la supuesta comisión del delito de tráfico ilícito de migrantes en calidad de autor, en perjuicio de la humanidad.
En el acto de audiencia, el juez de Garantías luego de escuchar tanto al representante del Ministerio Público como a los abogados de los imputados, legalizó la aprehensión, dio por presentada la imputación a dos de ellos, y ordenó las medidas cautelares.
En la audiencia de imputación, el fiscal Gregorio Rodríguez de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, logró sustentar la vinculación de los dos conductores del transporte selectivo, al presentar informes de seguimiento y vigilancia de la Policía Nacional, informes de intervenciones telefónicas y de giros y transacciones recibidos desde Colombia, Estados Unidos y Canadá, y que supuestamente dan cuenta de la presunta colaboración y facilitación de transporte y hospedajes en la provincia del Darién y sectores de la ciudad capital.
Esta situación fue cuestionada por los miembros de la defensa técnica, quienes solicitaban profundidad en los elementos de convicción.
El juez de Garantías basó su decisión de medidas cautelares al señalar que los imputados presentaron arraigo domiciliario y laboral, e hizo un llamado de atención a la Fiscalía, ya que al sustentar que los imputados podrían representar un peligro de fuga y destrucción de pruebas, resaltó que esta entidad investigadora debió recabar la mayor cantidad de pruebas antes de la realización de esta audiencia, ya que la investigación inició meses anteriores.
Por este caso, los imputados estuvieron representados por los abogados particulares Marcial Mosquera, Pablo Saldaña y Luis Alberto González.
En el acto de audiencia, el juez de Garantías legalizó diligencias previas de vigilancia y seguimiento, y un allanamiento excepcional.
El origen de este caso se da por información suministrada a los agentes de investigación sobre el trasiego de personas extranjeras desde Panamá a Costa Rica.
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