ÓRGANO JUDICIAL Y JUSTICE EDUCATION SOCIETY OF BRITISH COLUMBIA FIRMAN UN CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

Con el objetivo de establecer una alianza estratégica de cooperación para desarrollar programas, capacitaciones, proyectos y actividades en materia de formación jurídica y acceso a la justicia, destinados al fortalecimiento de la administración de justicia panameña, se llevó a cabo, este martes 5 de abril de 2022, el acto de firma del Convenio Marco de Colaboración entre la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, su excelencia María Eugenia López Arias (por el Órgano Judicial), y la directora ejecutiva de Justice Education Society of British Columbia (JES), Sonia Poulin.

La magistrada López Arias manifestó: “Con este nuevo logro en nuestra historia de cooperación interinstitucional, el Órgano Judicial y el JES desarrollaremos programas, capacitaciones, proyectos y actividades que se traducirán en más y mejores acciones de formación profesional, las cuales se encuentran integradas en los principios rectores de la carrera judicial”.

“Desde el año 2015, el JES, por conducto de la Embajada, ha brindado un apoyo importante a nuestro país, el cual ha fortalecido la operatividad del Sistema Penal Acusatorio (SPA), la lucha contra el crimen organizado, los homicidios y los delitos relacionados con drogas, y las prácticas jurisdiccionales, para la debida valoración de las pruebas tecnológicas”, agregó la magistrada presidenta López Arias.

Por su parte, la directora ejecutiva de Justice Education Society of British Columbia, Sonia Poulin, dijo que el JES es una organización sin fines de lucro que trabaja alrededor del mundo apoyando a la justicia en los procesos, con el conocimiento en materia de investigación, en los delitos de trata de personas, el crimen organizado, el fortalecimiento de mecanismos y de alianzas estratégicas que permitan combatirlos.

En el marco de la firma del convenio, la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Canadá en la República de Panamá, su excelencia Kim Ursu, destacó el apoyo del Gobierno de Canadá con una política de asistencia interinstitucional a través de este proyecto, para fortalecer y combatir delitos como la trata de personas y otros relacionados que garanticen seguridad. “Es de suma importancia trabajar para descartar y prevenir la inseguridad”, acotó Ursu.

Este convenio busca facilitar el intercambio de experiencias entre funcionarios, profesionales e investigadores, y el intercambio de documentos, conocimientos e información que logren el desarrollo de los programas, capacitaciones, proyectos y actividades llevadas a cabo por cada una de las partes, principalmente contra la trata de personas, por la igualdad de género y en la lucha para prevenir la violencia contra mujeres, niñas y niños.

Igualmente, las partes se comprometen a promover la participación en proyectos y programas de investigación conjunta, participación en redes científicas o intercambio de especialistas; apoyar en programas de formación de personal investigador y técnico; colaborar conjuntamente en las áreas de asesoría y de transferencia de tecnología; impulsar el intercambio recíproco de libros, publicaciones, guías, manuales, protocolos de actuación, metodologías y otros materiales de investigación y docencia, siempre que no haya compromisos anteriores que lo impidan, entre otras acciones.

El acto protocolar, que tuvo lugar en el Salón de Casación de la CSJ, contó con la asistencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha Osorio, vicepresidente y presidente de la Sala Primera de lo Civil; Carlos Alberto Vásquez Reyes, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral; Miriam Y. Cheng Rosas, Maribel Cornejo Batista y María Cristina Chen Stanziola. Adicionalmente, la magistrada suplente, Carmen Luz De Gracia; la magistrada del Tribunal Superior de Familia y Niñez, Eysa Escobar de Herrera; la secretaria general, Yanixa Yuen; la secretaria administrativa, Vielza Ríos; así como la presencia del coordinador de Presidencia de la CSJ, Etéreo Armando Medina Marín; representantes de Justice Education Society of British Columbia y otros altos funcionarios judiciales y administrativos.