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Provincia de Coclé ya cuenta con Juzgado de Ejecución de Pensión Alimenticia  



                                       

 

El nuevo Juzgado de Ejecución de Pensión Alimenticia de Niñez y Adolescencia, en la provincia de Coclé, fue inaugurado este jueves 19 de septiembre, como un paso significativo hacia una justicia más especializada y eficiente en favor de los niños, niñas y adolescentes.

 

“Hoy, al inaugurar este juzgado de ejecución de pensiones alimenticias, no solo estamos abriendo las puertas de un despacho judicial más, sino que estamos reafirmando nuestro compromiso con la Justicia social y la protección integral de la niñez y adolescencia, acciones realizadas con el fin último de garantizar que los derechos alimentarios de nuestros niños y adolescentes se materialicen de un mandato legal a una realidad palpable”, sostuvo la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Maria Eugenia López Arias.

 

La creación de este Juzgado de Ejecución de Pensión Alimenticia está alineada con el artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establece que, en todas las acciones concernientes a la niñez, los tribunales y otras instituciones deben considerar el interés superior del niño como primordial, expresó la magistrada presidenta.

 

De igual manera señaló que este juzgado está diseñado para garantizar una paternidad y maternidad responsable, ofreciendo los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones alimenticias. Acotó que estas pensiones son cruciales para el crecimiento y bienestar de los niños y niñas, quienes, por su condición de vulnerabilidad, tienen derecho a protección y cuidados especiales.

 

Estuvieron presentes en este acto las magistradas del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Judith Cossú de Herrera (presidenta), Militza Hernández y Marlen de Ponce; el juez de Ejecución de Pensión Alimenticia de Coclé, Roderick Chaverri; los magistrados del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, Idalides Pinilla Guzmán y Nelson Morales; la coordinadora distrital del Instituto de la Defensa Pública, Matilde Alvarenga de Apolayo; la secretaria técnica de Recursos Humanos del Órgano Judicial, Mercedes de Mendizábal; y demás funcionarios judiciales y administrativos.

 



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