COMISIONADOS ENTREGAN AL PACTO DE ESTADO POR LA JUSTICIA EL PROYECTO DE CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Los integrantes del Pacto de Estado por la Justicia, en reunión extraordinaria N.° 2 de 2023, brindaron cortesía de sala a los miembros de la Comisión Codificadora del Código Procesal Contencioso-Administrativo a fin de realizar la entrega del Informe Final que contiene el Proyecto de Código, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N.° 120 de 4 de mayo de 2023.

Al hacer uso de la palabra, el presidente de la comisión codificadora, Andrés Wong Pimentel al agradecer la contribución de cada uno de los Comisionados la dedicación y compromiso para llevar adelante la tarea encomendada, enunció los principales elementos que hacen parte del Proyecto, como un nuevo aporte para la valoración de los estudiosos e interesados en esta materia, resaltando el hito histórico que se alcanzaba con la presentación de este documento

Por su parte, el magistrado Vásquez Reyes resaltó la satisfacción que representaba contar con un "instrumento normativo de trabajo, que, sin duda, también es un reconocimiento a quienes nos han antecedido en esta labor codificadora."

"Los órganos del Estado, la Defensoría del Pueblo,  la sociedad representada por la  la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Comité Ecuménico y la Academia Panameña de Derecho Administrativo fijan como punto cardinal para lograr el cometido, de dotar, por vez primera, confiado en la mejor voluntad y convicción, luego de las  consultas y validaciones por quienes tendrán a su cargo esta tarea, con un Código sobre esta materia, pues lo que existe es una legislación bien pensada por el ilustre constitucionalista y administrativista Dr. José Dolores Moscote”.

"A la República le tomó cuarenta  años tener la legislación contencioso administrativa y este año, nos mantenemos conmemorando ocho décadas de su surgimiento y desarrollo, siendo un extraordinario momento de alcanzar esta codificación trascendental para el estado de derecho, la seguridad jurídica y la paz social, teniendo como destinatario estelar  de esta normativa, al administrado, aquel ciudadano que se encuentra en el punto más lejano del país, que requiere el servicio público de administración de justicia que espera justicia en plazos razonables".

La Honorable Magistrada María Cristina Chen Stanziola se dirigió a los presentes y expresó que “para nosotros fue una gran satisfacción poder participar en esta comisión, que da cuenta de una necesaria actualización de la justicia contenciosa, que es tan importante para un país como el nuestro. También nos enfocamos en la simplificación de los trámites, en clave de tutela judicial y pensada para acortar los tiempos de conclusión de los procesos.”

Posteriormente, el presidente de la Comisión codificadora del Proyecto Contencioso-Administrativo, Andrés Wong Pimentel, hizo la entrega oficial al presidente del Pacto de Estado por la Justicia, Rigoberto González Montenegro.

Esta comisión codificadora, está integrada por los Magistrados Carlos Alberto Vásquez Reyes y María Cristina Chen Stanziola, Rigoberto González Montenegro, Hernando Franco Muñoz, Juan Carlos Araúz, Feliciano Olmedo Sanjur Gordillo, Jaime Franco y José Antonio Mulino Sequeira y como suplentes Luis Gabriel Solís Higuera, Ghislana Guevara, Lenisel Saavedra, Amílcar Bonilla, Maritza Cedeño Vásquez, Nelson Rojas Ávila, Jaime Vigil y Francisco Zambrano.

El Honorable Magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha Osorio como integrante del Pacto de Estado por la Justicia manifestó luego de la entrega de este documento que, “El Pacto de Estado por la Justicia es un ente de diálogo y consulta con el propósito de mejorar y modernizar el sistema de justicia panameño. Estos espacios son importantes porque nos permiten filosofar y hacer grandes aportes en beneficio de la administración de justicia”.

El Pacto de Estado por la Justicia es el compromiso nacional asumido en 2005 por los titulares de los tres órganos del Estado, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil, con el propósito firme de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño.