Realizan audiencia por caso de corrupción en el Sistema Penitenciario

La juez Primera de lo Penal del Primer Circuito Judicial, Agueda Rentería Sánchez, se acogió al término para calificar el proceso y decidir sobre unos incidentes que se presentaron en la audiencia preliminar, dentro de la causa seguida a Berta Martínez, Yesenia López, Damaris Martínez, Ernesto Gaona, Yhamir Smith, Luciano Aguilar y otros sindicados, por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, contra el patrimonio económico y contra la fe pública, (corrupción, estafa y falsedad ideológica, en perjuicio del Sistema Penitenciario.

Igualmente la juez, a solicitud de la defensa de Dalys Pérez y Argelis Ramos, impuso la medida cautelar de reporte periódico, los días 30 de cada mes, y les mantuvo la prohibición de salida del país, ya que han demostrado arraigo procesal, no hubo objeción por parte del Ministerio Público ni la querella.

Luego de los alegatos presentados por el Ministerio Público, representado por la fiscal especializada Anticorrupción, Ruth Morcillo, y de la defensa pública y particular, la juez procedió a correr traslado de los incidentes de previo y especial pronunciamiento y la de nulidad del proceso, que solicitaron los defensores por considerar que los delitos son de 2 a 4 años y que el proceso es de competencia municipal.

Para la fiscal Morcillo, estos incidentes son una mala práctica de la defensa para sorprender a la fiscalía, porque al inicio de la audiencia la sometieron a proceso abreviado. Explicó que se trata de una estafa agravada, de 5 a 10 años, y a su juicio este tribunal tiene competencia.

La fiscal, en sus alegatos solicitó el llamamiento a juicio contra las 11 personas imputadas por corrupción dentro del Sistema Penitenciario, un imputado por el delito contra la fe pública, 7 por el delito de corrupción de servidores públicos, y 4 por el delito de estafa. Igualmente, explicó cómo se dio el engranaje y sustentó los hechos punibles , la vinculación con el intercambio de llamadas telefónicas, diligencias de seguimiento y vigilancia.

Según la fiscal, la investigación inició con las irregularidades detectadas a lo interno del Sistema Penitenciario Nacional, de un grupo de personas, que recibieron por sus servicios más de 63 mil dólares con la venta de libertades, traslados a los reclusos, rebaja de pena, falsificación de firmas y alteración de documentos de La Joya, La Joyita y el Centro Femenino de Rehabilitación a otros centros penitenciarios.

Por su parte, la querellante del Ministerio de Gobierno, Kritza Tejada, estuvo de acuerdo con los planteamientos del Ministerio Público.

La defensa particular, Colón Robles, Emiro Córdoba, Carlos Somosa, Joaquín Hurtado, así como las defensoras públicas, Yalenis Brin, Marilia Carmona y Aida Del Rosario Rodríguez , pidieron sobreseimiento definitivo.