Se mantiene suspensión del cargo a funcionario del OJ

Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá confirmó la medida de suspensión del ejercicio del cargo público, que impuso la juez de Garantías a un funcionario del Órgano Judicial, imputado por la supuesta comisión del delito de sustracción de documentos públicos.

Las magistradas Omaira Jaramillo (presidenta), Donaji Arosemena y Miriam Jaén, sustentaron su decisión en los elementos de convicción que fueron valorados por la juez de Garantías para aplicar la medida cautelar, además de la naturaleza del hecho y la necesidad de la aplicación de la misma.

Explicaron que la medida cautelar adoptada es proporcional al hecho y la más idónea, ya que el funcionario ejerce el más alto cargo dentro del Juzgado Séptimo de Circuito Penal de Panamá.

Además, enfatizaron que es importante garantizar los elementos probatorios como son las entrevistas de los funcionarios que laboran en este juzgado, que son testigos de la fiscalía, y lo que conlleva también a garantizar la objetividad y fluidez de la investigación.

A pesar que la defensa y el propio funcionario señalaron en sus alegatos que esta medida afectaba su derecho al trabajo, las magistradas manifestaron que en este caso en particular la confianza pública en un servidor judicial es el bien jurídico tutelado de mayor peso.

En cuanto a lo señalado por el abogado defensor Tomás Arturo Góndola, sobre el incumplimiento de la motivación de la decisión judicial dictada por la juez de Garantías, las magistradas dijeron que luego de ver el vídeo de la audiencia de Garantías se comprobó que la juzgadora motivó su fallo en base a los artículos 222 y 227 del Código Procesal Penal.

Previo a la decisión, el fiscal Superior Anticorrupción, Aurelio Vásquez alegó que se confirmara la medida impuesta por la juez de Garantías, pues la misma era proporcional a los hechos.