Se pospone juicio oral hasta que Medicina Legal evalúe a expresidente de la República

El Tribunal de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, conformado por los jueces Roberto Tejeira (presidente), Arlene Caballero (relatora) y Raúl Vergara (tercer juez), encargados del juicio de la causa “escuchas telefónicas”, ordenaron que el expresidente de la República, acusado dentro de este proceso, sea evaluado por un médico psiquiatra de medicatura forense, el próximo jueves 14 de marzo de 2019.

Los jueces del Tribunal dictaminaron durante el inicio del juicio oral, realizado este martes, 12 de marzo, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, que fuese el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses quienes certificarán el estado de salud mental del acusado. De igual manera, acordaron que, en cuanto el tribunal reciba el resultado de esta evaluación forense, se decidiría cuándo sería reanudado el juicio oral, por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.

Lo anterior fue decidido luego de que el Ministerio Público anunciara dentro del acto de audiencia, que la defensa del expresidente había presentado un certificado de incapacidad psiquiátrica, por tres semanas, emitido por un médico particular, en favor de su cliente, además de la solicitud de reprogramación del juicio oral.

El fiscal Ricaurte González solicitó al Tribunal que dicha evaluación debía ser certificada por el Instituto de Medicina Legal como lo indica la ley en el artículo 105 del Código Procesal Penal. “Necesitamos saber en qué respalda las consideraciones a las que llega el médico psiquiatra que evaluó al acusado”, recalcó. Asimismo, el fiscal anunció que tenían los resultados de la revisión médica que había ordenado en audiencia anterior, el juez de Garantías Francisco Carpintero y que el informe, daba cuenta que, físicamente el acusado podía enfrentar el juicio oral.

Durante la audiencia, los querellantes de la causa, representados por el abogado Carlos Herrera Morán se opusieron a la solicitud de la defensa en cuanto a una posible reprogramación del juicio oral, exponiendo que el proceso ya se había paralizado por casi tres años y que además, todos los dictámenes médicos a lo largo del camino hablaban de otras patologías. “Nunca se habló de problemas psiquiátricos”, puntualizó.

Por su parte, el acusador autónomo, en la figura del abogado David Cuevas, se manifestó a favor de lo solicitado por la defensa, indicando que a él sí le interesaba que el acusado fuese evaluado y se considerara una reprogramación del acto de audiencia. Cuevas expresó que en septiembre de 2018, precisamente en un informe del médico psiquiatra particular del expresidente de la República, se indicaba que éste corría con riesgo de quitarse la vida. “Si el acusado padece algún trastorno mental , el juicio puede verse afectado en muchos sentidos”, acotó el jurista.

Juicio oral no será televisado, reiteran jueces de juicio

En medio del acto de audiencia, la defensa también solicitó al Tribunal de Juicio que considera que en ciertas fases del juicio pudiese ser transmitido por los medios de comunicación. Ante tal petición, los jueces indicaron que no sería posible, fundamentando su decisión en base al artículo 362, numeral 2 del Código Procesal Penal, sobre las excepciones a la publicidad, que dice textualmente: “El juicio oral será público. No obstante, el Tribunal podrá decidir fundadamente que se realice total o parcialmente en forma privada en los siguientes casos:...2. Cuando peligre un secreto oficial, profesional, particular, comercial o industrial, cuya revelación cause perjuicio grave.”

En el acto de audiencia estuvieron presentes algunas de las víctimas de este causa penal como Balbina Herrera, Juan Carlos Navarro, Mitchell Doens, Guido Rodríguez, Joaquín Vásquez y Rosendo Rivera, quienes abandonaron la sala a solicitud del presidente del Tribunal de Juicio Oral y fueron trasladados a una sala contigua a la que se realizaba el juicio oral.

También participaron del acto de audiencia los abogados querellantes Yovan Jaramillo, Nicómedes Castillo, Rodolfo Pinzón, Roberto García Flores y Carlos Manuel Herrera Morán. Y por parte del Ministerio Público los fiscales Rosario Ortega, Julio César Domínguez, Elizabeth Carrión y Aurelio Vásquez Berroa.