Se realiza audiencia de expresidente

Dentro de la audiencia que se realizó este 11 de mayo, solicitada por los abogados defensores del Diputado de Parlacen, Ricardo Martinelli Berrocal, el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía se abstuvo de decidir en esta etapa procesal sobre la petición porque los incidentes de nulidad deben ser presentados en la fase intermedia del proceso y no en la fase de investigación.

Esta decisión se da luego que el abogado de la defensa Rogelio Cruz solicitara al juez de garantías la declaratoria de nulidad, debido a que el proceso en que se menciona a su defendido, debería surtirse bajo las normas del Código Judicial, vigentes al momento en que se efectuaron los hechos denunciados, no así bajo las normas del Código Procesal Penal como se sigue actualmente.

“Nosotros no objetamos la competencia de la Corte, es objetable la ley procesal aplicable", dijo Cruz. Quien aseguró que existen algunos vicios de nulidad ante la investigación del exmandatario. Por su parte, el magistrado fiscal, Oydén Ortega planteó que la nulidad aplicada debe ser resuelta en la fase intermedia.

El magistrado Jerónimo Mejía sustentó su decisión  en las normas del Código Procesal Penal (artículos 44 y 342 N° 3) que establecen la competencia del Juez de Garantías, y la fase intermedia como la etapa procesal para que la defensa solicite el saneamiento o la declaración de nulidad de un acto. Asimismo, se apoyó en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en que se examinó el tema sobre las nulidades, en el que se determinó que la oportunidad para aducirlas era la etapa intermedia del proceso penal.

El acto se celebró en el salón de audiencias del Segundo Tribunal del Palacio de Justicia Gil Ponce, participando el magistrado fiscal, Oydén Ortega Durán, y por parte la defensa del exmandatario, los abogados Rogelio Cruz, Sidney Sitton, Leonardo Paul y Dimas Guevara.

Esta audiencia se da luego que la Corte Suprema de Justicia levantó la suspensión de la causa penal, que existía como consecuencia del fuero penal que amparaba al ex mandatario, para iniciar el proceso por la presunta comisión del delito contra la administración pública, referente a las supuestas irregularidades en la compra de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional, PAN.