Se realiza audiencia preliminar por supuesta estafa en proyecto inmobiliario

La juez Octava de Circuito Penal de Panamá, Leira Terán, en audiencia preliminar alterna realizada este miércoles, 10 de abril, se acogió al término de ley para calificar el sumario seguido a cuatro personas, presuntamente vinculadas a los delitos contra la fe pública (Falsedad Ideológica) y contra el patrimonio económico (Estafa), y que guarda relación con la construcción de un proyecto inmobiliario en el distrito de San Miguelito, que no llegó a concretarse.

A este acto de audiencia, compareció en representación del Ministerio Público, la fiscal Ariadne López, además de la abogada querellante Yovana Avaldeño. Por parte de la defensa técnica estuvo la abogada María Eugenia Córdoba Cheng, en representación de tres de los imputados, y la defensora pública Rosario Granda de Brandao. En tanto, no comparecieron los imputados, a pesar de estar debidamente notificados por correo.

Durante la audiencia, la juez previamente procedió a negar tres solicitudes de prescripción de la acción penal interpuesta por la defensa, argumentando para ello que, aplicando la ley penal vigente a los hechos, en este momento no se cumple con el tiempo para su prescripción.

En los alegatos, la fiscal solicitó un llamamiento a juicio para tres de los imputados, y un sobreseimiento provisional para uno de ellos. Por su parte, la querellante coincidió con la fiscal en cuanto a la apertura de causa criminal, sin embargo, fue del criterio que al cuarto imputado fuese sobreseido definitivamente en esta causa. En tanto, las defensoras solicitaron para sus defendidos un sobreseimiento definitivo, al considerar que una de ellas que se trata de un problema civil y no penal.

Según los alegatos de la representante del Ministerio Público, este expediente inició en el año 2007, cuando dos de los hoy imputados le proponen a la empresa ofendida, la oportunidad de participar en un proyecto residencial en el distrito de San Miguelito, para lo cual debían aportar la suma de $950 mil dólares, con una ganancia de utilidad del 32% de un total de 30 millones que valdría dicho proyecto inmobiliario una vez se concretase; no obstante, la obra fue suspendida sin iniciar, además de darse supuestas anomalías en el traspasos de la sociedad que se conformó para este proyecto.

En ese sentido, la juez Terán, luego de escuchar los alegatos, se acogió al término de ley para calificar este proceso que consta de 5 tomos, para en su momento oportuno decidir si existe el hecho punible y la posible vinculación o no en contra de los hoy imputados.