SUSPENDEN JUICIO CONTRA UN EXGOBERNADOR DE COCLÉ

Con la finalidad de garantizar los derechos de las partes, el Tribunal de Juicio de Coclé, conformado por los jueces Teófilo Ortiz, Mario Solís y Elsa Damaris Domínguez, suspendió el juicio oral, cuando ya se encontraba en etapa de decisión, seguido a un exgobernador de la provincia, al considerar que se debe esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia respecto a una advertencia de inconstitucionalidad presentada por la defensa legal del acusado.

La advertencia de inconstitucionalidad presentada por el abogado particular Julio Pinzón, fue en contra de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 241 del Código Penal que se refiere al delito de retención indebida de cuotas.

En ese sentido, el tribunal colegiado fundamentó su decisión de suspender el juicio oral este 6 de marzo de 2024, de conformidad con lo contenido en los artículos 2557 y 2558 del Código Judicial que indican lo siguiente:

“Artículo 2557. Cuando un servidor público, al impartir justicia, advierta que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, elevará consulta a la Corte Suprema de Justicia y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.

Artículo 2558. Cuando alguna de las partes en un proceso advierta que la disposición legal o reglamentaria es inconstitucional, hará la advertencia respectiva a la autoridad correspondiente, que en el término de dos días, sin más trámite, elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia para los efectos del artículo anterior”.

Durante los días de juicio oral seguido al acusado por la supuesta comisión del delito de retención de cuotas, en perjuicio de la Caja de Seguro Social se evacuaron 11 pruebas testimoniales y 15 documentales presentadas por las partes intervinientes, quienes desistieron de varias pruebas admitidas.

En el desarrollo del juicio, una vez finalizó la presentación de pruebas, se inició con los alegatos de conclusión, en donde el Ministerio Público, representado por los fiscales adjuntos Olmedo Gómez y Elvis Coronado y la querellante Hildaura Cáceres, solicitaron se dictara sentencia condenatoria; sin embargo, la asistencia legal de la defensa solicitó la absolución de su patrocinado.

Esta investigación se inició por la supuesta retención de cuotas a la Caja de Seguro Social a finales de 2013 y hasta enero de 2015, a través de dos empresas mineras, de las cuales era representante legal el exgobernador.