Tribunal de Apelaciones de Panamá confirma decisión del juez por caso de tráfico ilícito de migrantes

El Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, conformado por los magistrados Annabella Jiménez (presidenta), Andrés Reyes, y Gustavo De Gracia, confirmaron la decisión de un juez de Garantías, que negó la existencia de vulneración de derechos de su representado por una medida cautelar impuesta de detención provisional a un ciudadano de nacionalidad costarricense de 57 años de edad, investigado por el delito contra la humanidad (tráfico de migrantes).

Los magistrados del Tribunal de Apelaciones basaron su decisión en que el abogado defensor del imputado nunca apeló en la primera audiencia de garantías, la medida cautelar impuesta de detención provisional, por lo que se entiende que estaba de acuerdo con la aplicación de la misma.

Explicó el Tribunal que la interpretación del artículo 23 del Código Procesal Penal, que mencionó el defensor en su alegato, no se aplica en las medidas cautelares personales, ya que estas son de carácter individual y los riesgos procesales son distintos para cada imputado.

El abogado defensor, Edwin León, explicó que apeló la negación de la existencia de vulneración de derechos, que decidió un juez de Garantías, en base a que en una audiencia de Apelación contra las medidas cautelares de otros dos imputados en este mismo proceso, el Tribunal modificó la detención provisional, y ante esto, su cliente también debía correr con la misma suerte, según el artículo 23 del Código Procesal Penal.

Por lo que pidió al Tribunal de Apelaciones a que se revocara la decisión del juez, y por consiguiente se le aplicara a su cliente, las medidas de depósito domiciliario e impedimento de salida del país, ya que tiene arraigo domiciliario, debido a que sus hijos y su esposa son panameñas y no existe el peligro de fuga y desatención del proceso.

Por su parte, el Ministerio Público, que estuvo representado por el fiscal Gregorio Rodríguez Hidalgo, solicitó al Tribunal de Apelaciones confirmar la decisión del juez de primera instancia.

La investigación por esta causa inició en el mes de abril de 2018, cuando autoridades colombianas informaron que desde el puerto de cruceros de la ciudad de Colón, ingresarían cuatro turistas, entre ellos una menor de edad, que luego serían llevados a la frontera de Panamá con Costa Rica, por cuatro personas que les cobrarían 400.00 balboas por cada uno, y que su destino final sería Estados Unidos.