Tribunal revoca medidas cautelares establecidas contra funcionarios y exfuncionarios de Juntas Comunales en Chiriquí

En tres audiencias efectuadas durante esta semana, el Tribunal Superior de Apelaciones (TSA) de la provincia de Chiriquí revocó las medidas cautelares decretadas inicialmente a cuatro funcionarios y exfuncionarios de las Juntas Comunales de Volcán, Solano y Guayabito, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado y sustracción de documentos públicos, en perjuicio de la Autoridad Nacional de Descentralización.

La primera audiencia, desarrollada el lunes 4 de agosto, el tribunal conformado por los magistrados Carlos Valentín Rivas Alarcón (ponente), Jackeline Montenegro y Carlos Daniel Fajardo Morales, por decisión mayoritaria y con el salvamento de voto del magistrado Rivas, reformó la medida emitida por la jueza de garantías y decretó la detención provisional del exrepresentante del corregimiento de Volcán, en el distrito de Tierras Altas.

No obstante, el tribunal confirmó de manera unánime las medidas cautelares impuestas a la extesorera del citado corregimiento: reporte los días lunes, miércoles y viernes en la Casa de Paz de Volcán, prohibición de visitar la Junta Comunal de esa localidad y la Junta Comunal de Cordillera, en el distrito de Boquerón.

El martes 5 de agosto, durante la segunda audiencia, el tribunal modificó por decisión unánime las medidas adoptadas en primera instancia y decretó la detención provisional para el actual representante y el tesorero de la Junta Comunal de Solano, en el distrito de Bugaba.

En la tercera audiencia, celebrada la mañana del 6 de agosto, el tribunal revocó la medida de detención provisional y dispuso nuevas medidas cautelares: reporte los días lunes y viernes ante la Personería de Ñurum, prohibición de salir de la provincia de Chiriquí y prohibición de acercarse a los funcionarios y a la Junta Comunal de Guayabito, en la Comarca Ngäbe Buglé.

En estas audiencias participaron, en representación del Ministerio Público, los fiscales Anticorrupción Johana Osorio, Yuli Fuentes y Jorge Troncoso. Por su parte, los imputados de Volcán fueron asistidos por los defensores particulares José Altamirano y Víctor Pittí; los de Solano, por Carlos Caballero y Edwin Álvarez; y el de Guayabito, por el defensor público Andrés Solís.

La investigación que dio origen a estos procesos fue iniciada tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el cual se determinó el presunto uso indebido de fondos públicos destinados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS), durante el período 2019–2025.

Redacción: Vielka Cádiz