Víctimas de delitos de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes deben ser abordadas con mucha sensibilidad

Luego de dos días de ponencias e intercambio de conocimientos, este 29 de octubre de 2024 fue clausurado el IV Congreso de la Defensa de Víctimas, con la participación de magistrados, jueces y demás servidores judiciales de la jurisdicción penal, incluyendo los que laboran en el Ministerio Público.

Correspondió a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Maribel Cornejo Batista dar por finalizada esta jornada académica, en la que hizo un completo compendio de los temas abordados, los que se centraron en el rol del Departamento de Asesoría Legal Gratuita para Víctimas del Delito en Panamá y cómo su personal debe abordar los sensitivos y complejos temas de trata de personas y tráfico ilegal de migrantes.

Luego de referirse a cifras dramáticas del fenómeno de movilidad humana en Panamá y el mundo, la magistrada de la Sala Penal de la CSJ consideró que las experiencias vertidas por los 17 expositores que intervinieron durante el congreso serán herramientas de utilidad para que los defensores de las víctimas en el país desarrollen su labor con alto sentido de sensibilidad y profesionalismo.   

“Este tipo de eventos nos permiten incorporar diversas experiencias y crear canales de comunicación para el intercambio de información que permita dar una respuesta integral a los grupos más vulnerables”, expuso a los presentes la magistrada Maribel Cornejo Batista.

La jornada de cierre contó con la exposición de la doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño, exmagistrada de la CSJ y exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien se refirió a la debida diligencia “reforzada y estricta” que debe ser aplicada para el cumplimiento efectivo de las víctimas de delitos.

También intervinieron las panelistas internacionales Claudia Marconi, quien abordó el tema de la responsabilidad civil derivada del delito (desde la perspectiva de las legislaciones internacionales y locales); la psicóloga forense Úrsula Zuccarino y la abogada defensora de víctimas Andrea Rappazzo, ambas refiriéndose al uso de la “cámara Gesell” para las entrevistas a menores de edad en el sistema de justicia.   

El IV Congreso de la Defensa de la Víctima contó con el respaldo de la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en ingles) y de su programa Proyecto Turquesa, que promueve iniciativas para el combate de los grupos organizados dedicados al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; además de la protección de las víctimas de estos delitos.

También brindó su colaboración a esta iniciativa del Órgano Judicial (OJ) el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.  

Por: Enrique L. Brathwaite

Fotos: Katherine Jiménez