
Con el firme propósito de garantizar el acceso a la justicia, el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Veraguas cerró la última semana de noviembre con 164 audiencias programadas, demostrando el buen funcionamiento y coordinación entre la Oficina Judicial, jueces y personal de salas.

El Tribunal de Garantías, una vez escuchados los argumentos de las partes intervinientes, consideró que la restricción de la libertad es necesaria y proporcional.

Previamente, se legalizó un allanamiento excepcional, la aprehensión de los cuatro ciudadanos (tres hombres y una mujer) y se presentó la formulación de imputación de cargos hecha por el Ministerio Público.

Durante la jornada, los participantes también tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y compartir sus experiencias personales.

Los delitos relacionados con droga, la posesión ilegal de armas de fuego y la violencia doméstica figuran como los de mayor trámite

Previamente, la jueza legalizó la aprehensión de 59 personas, mientras que a un ciudadano se le declaró ilegal la aprehensión.

Previamente, la juzgadora declaró legal la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos.

Durante el acto de audiencia de solicitudes múltiples, el Tribunal de Garantías, una vez escuchados los argumentos de las partes intervinientes, consideró que la medida de restricción de la libertad era necesaria y proporcional.

El juez de garantías, luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, consideró que es deber del Ministerio Público promover la investigación de los delitos perseguibles de oficio y de aquellos promovidos mediante querella.

El Ministerio Público y la parte querellante no objetaron la solicitud presentada por la defensa.

Durante la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre, el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Veraguas, registró un total de 172 audiencias programadas. Esta cifra evidencia el compromiso del Órgano Judicial en garantizar la tutela efectiva y el acceso oportuno a la justicia.

En ese sentido, el Tribunal de Garantías consideró que el permiso especial era necesario, debido a que el imputado tiene cinco meses sin recibir atención médica.
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