
La jueza Ubillus consideró que la medida era necesaria y proporcional a la gravedad del hecho, tomando en cuenta los riesgos procesales.

Luego de validar un acuerdo de pena consensuado entre el Ministerio Público representado por la Fiscal Virginia Escobar y la Defensa Técnica Particular, a cargo del Licenciado Alfredo Mosquera, la Juez de Garantías del Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito, Kathia Jiménez, emitió la Sentencia N°

Comunicado - Usuarios de la Plataforma Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio de San Miguelito, Kathia Jiménez, en audiencia de solicitudes múltiples, ordenó la detención provisional para un ciudadano, por la supuesta comisión del delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de venta de drogas.

Los jueces de garantías de las distintas sedes del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en el territorio nacional realizaron, durante los días 12 y 13 de octubre de 2024, un total de 73 audiencias de solicitudes múltiples por diversas causas.

La juzgadora, después de escuchar a las partes consideró que la privación de libertad era la decisión más cónsona y proporcional a la naturaleza del delito.

La jueza consideró que la medida cautelar era proporcional a la gravedad de los hechos y a los riesgos procesales expuestos durante la audiencia.

Las magistradas destacaron la importancia de identificar áreas de mejora que permitan una mayor efectividad y garantizar un acceso equitativo para todos los ciudadanos.

Con la finalidad de continuar brindando acceso a la justicia, la Oficina Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Veraguas, en colaboración con el Instituto de la Defensa Pública, la Defensa de la Víctimas del Delito y el Ministerio Público, realizó este viernes 11 de octubre...

Los Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, luego de escuchar a las partes intervinientes, valoraron los indicios de vinculación que se mantienen en la causa investigada y los riesgos procesales.

Como consecuencia, se mantiene firme la decisión del Juez de Cumplimiento, quien negó la solicitud de la defensa para sustituir la pena privativa de libertad de 60 meses de prisión por trabajo comunitario.

Las medidas cautelares decretadas son el reporte periódico una vez a la semana, la prohibición de acercarse a la víctima y la prohibición de salida del país.
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