Juez de garantías aplica medida de notificación a joven reguesero por la presunta comisión del delito de posesión de arma ilícita

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial, Frank Torres Ruíz, decretó en audiencia de control la medida cautelar de notificación los días 15 y 30 de cada mes ante la agencia investigativa y prohibición de salida del país en contra de un sujeto de 19 años por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión ilícita de arma, en perjuicio de la sociedad.

La medida cautelar de detención preventiva se decretó luego que el juez de garantías escuchará los elementos de convicción por parte de la Fiscal Linda Mitchell, quien presentó una serie de elementos, entre ellos formulario de aprehensión en flagrancia, entrevistas de las unidades de la Policía Nacional, informe pericial del Departamento de Balística del IMELCF, en la cual se llegó a la conclusión que el arma de fuego encontrada es idónea para disparar y que el casquillo encontrado en el porta vasos del vehículo era compatible con el arma.

Previamente, el juez de garantías legalizó la aprehensión y luego dio por presentada la imputación de los cargos antes expuesto por el Ministerio Público, decretando la medida cautelar en base a que el hoy imputado no tiene antecedentes penales, es padre de familia y sustento de su hogar, tiene arraigo laboral, y de acuerdo a las entrevistas presentadas por la Fiscalía no se llegó a concretar que existe peligro de desatención del proceso.

Según informes preliminares, los hechos ocurrieron el pasado miércoles 29 de marzo de 2017, cuando agentes de la Policía Nacional detuvieron a un sujeto de 19 años de edad en el sector de la 24 de Diciembre, en actitud supuestamente sospechosa cuando conducía su vehículo color negro, por lo que fue trasladado a la subestación policial en Felipillo para realizar un registro del vehículo, logrando ubicar un arma de fuego 9 milímetros junto a su proveedor en el puesto delantero y un casquillo en el porta vasos del automóvil.

Durante el acto de audiencia la defensa particular representada por el licenciado Eudaricio Díaz Fonseca, quien no se opuso a los elementos de convicción presentados por la agencia investigativa.

Es importante señalar que el Tribunal decretó el término de seis meses al Ministerio Público para concluir con la investigación.