Condenan a cinco personas por peculado culposo en perjuicio de los Municipios de Ola y La Pintada

El Juzgado Liquidador de Causas Penales de la provincia de Coclé, a cargo del juez Nicanor Carrión Calderón, mediante Sentencia N°02-2019, declaró penalmente responsable a cinco personas por el delito contra la administración pública, en perjuicio de los Municipios de Ola y La Pintada, hecho ocurrido en el periodo 1 de septiembre 1999 al 31 de agosto 2004.

El Juez Liquidador, basó su decisión luego que se acreditó en los 22 tomos que tiene el expediente, irregularidades dentro de los fondos del Proyecto de Iniciativa Parlamentaria de un exlegislador, asignados a estos municipios, que se giraron cheques que le ocasionó perjuicio patrimonial al Estado, superando eI medio millón de balboas.

En la sentencia el juzgador declaró a Armando Antonio Aguilar Morales, culpable por el delito de peculado doloso agravado y lo condenó a 84 meses de prisión y como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por el término de cinco años, contado a partir del cumplimiento de la pena principal.

De igual forma, condenó a los señores Davilo González Castillo, Ricardo González González, Carlos Alberto Castillo Tenorio y a la señora Luris Lorenzo Tejeira, como culpables por el delito contra la administración pública en su modalidad de peculado culposo, y los condenó a la pena de 36 meses de prisión y como pena accesoria la inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos, la cual fue reemplazada en días multas.

Además, en la sentencia absolvió a Marielis Saénz Montoya, de los cargos por lo que fue llamada a juicio.

La presente causa penal inició el 6 de septiembre de 2005, por informes de auditoría especial preliminar de la Contraloría General de la República, por la emisión irregular de 14 cheques a favor de la empresa Publicaciones, Impresiones y Distribuciones, S.A. por la cantidad de $57,902.25 balboas, para el pago de uniformes e implementos deportivos, a través del Fondo de Proyecto de Iniciativa Parlamentaria del exlegislador ya difunto.

Otro de los informes se refieren a la emisión de cheques a través del Fondo de Obras Circuitales del exlegislador, por la suma de $486,910.00 balboas, manejado en el Municipio de Olá, supuestamente para cancelar servicios profesionales.

Participaron en el acto de audiencia el fiscal Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría de la Nación, Adecio Mojica Peña, el defensor privado Young Ming Chi Calderón, y las defensoras públicas, Matilde Alvarenga de Apolayo, Argelis Velásquez, María del Pilar García y Teresa Ibañez.