Confirman decisión de juez de Garantías en caso de exfiscal de Darién

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, conformado por los magistrados Adilio González (presidente), Omaira Jaramillo y Miriam Jaén, confirmaron este lunes 7 de octubre de 2019, la decisión del juez de Garantías de la provincia de Darién, de negar la prohibición de que un exfiscal investigado por los supuestos delitos de drogas y corrupción de servidores públicos, en perjuicio de la sociedad, asista a la Fiscalía de Droga en Santa Fé de Darién.

Luego de escuchar los planteamiento del representante del Ministerio Público (MP), el fiscal Omar Jaén y de la defensa, Raúl Majore, los magistrados de Apelaciones consideraron que la prohibición de comunicarse o acercarse con los testigos, mitiga el riesgo de destruir evidencias o pruebas, al acudir a la Fiscalía a tramitar otros procesos, después de que fuera removido de su cargo el 3 de octubre de 2018, por esta causa.

Aunado a ello, el MP no tiene constancia de que existe un provecho de los funcionarios que laboran y estuvieron en su momento bajo la dirección del exfiscal en la Fiscalía de Santa Fe de Darién; además de que la carpeta de la investigación es llevada por otra fiscalía, ajena a la de droga. Igualmente valoraron el carácter humanitario, profesional del exfiscal, ya que su idoneidad no ha sido suspendida, lo que le permite trabajar para el sustento de su familia y acudir a ese epicentro.

En su momento el fiscal Jaén solicitó se revocara la decisión del juez de Garantías de la provincia de Darién, el 2 de octubre, donde el exfiscal fue imputado por dos delitos: Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de drogas y Contra la Administración Pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios en el 2018, al sustraer evidencias y bienes aprehendidos relacionados con drogas, donaciones e irregularidades.

Por su parte la defensa, se opuso a lo expuesto por el MP, porque no se sustentó el peligro de destrucción de pruebas que se mantienen a recaudo de la Fiscalía, y pidió se reafirmara la decisión del juez de garantías, que impuso además reporte de firma los 30 de cada mes, prohibición de acercarse y de comunicarse con los testigos e impedimento de salida del país.