CONFIRMAN DETENCIÓN PROVISIONAL PARA 40 IMPUTADOS EN LA OPERACIÓN 'ALPES'

El Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial, conformado por los magistrados Flor María González Miranda (presidenta), Alcides Zambrano y Fernando Bedregal, culminó la tarde de ayer martes 27 de febrero con el último grupo de siete imputados en la denominada operación “Alpes”, quienes a través de su defensa habían solicitado recurso de apelación a la medida cautelar personal de detención provisional impuesta en primera instancia por una jueza de garantías.

No obstante, el tribunal colegiado rechazó los recursos de apelación interpuestos por los defensores desde el pasado 23 de enero, y confirmó la medida impuesta por el juzgado de garantías de la provincia de Los Santos, la cual fue igual a la establecida para al menos 40 ciudadanos, imputados por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, y contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, vinculados con esta operación transnacional.

Después de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, los magistrados, fundamentaron su decisión de mantener la medida de privación de la libertad al valorar la naturaleza grave del delito, la posible pena a imponer y al alto grado de vinculación de los imputados con el hecho punible, aunado a la existencia de los riesgos procesales como peligro de fuga, el riesgo para destruir o afectar medios de prueba y peligro para la comunidad.

El tribunal colegiado también ordenó la libertad inmediata de un ciudadano, quien es candidato a representante por un partido político, y que en este momento goza de fuero electoral.

Participó en este acto de audiencia, efectuado en la sede del Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, el fiscal de Drogas Javier Enrique Franco, en representación del Ministerio Público, mientras que la asistencia legal de los imputados la ejerció el defensor técnico particular Julio Pinzón.

La operación comenzó el 8 de abril de 2022, cuando presuntamente se realizaban reuniones y llamadas para coordinar estrategias logísticas destinadas a trasladar drogas vía marítima desde Colombia hacia Panamá y Costa Rica.