Confirman la detención provisional y niegan fianza de excarcelación a venezolanos en caso de delitos financieros

La confirmación de la medida cautelar impuesta en primera instancia de detención provisional y la negación del fianza de excarcelación fue la decisión de carácter unánime del Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá,  en contra de dos sujetos de nacionalidad venezolana, de 29 y 36 años de edad, por el delito contra el orden económico en su modalidad de delitos financieros en contra de un banco de la localidad.

El tribunal superior de apelaciones conformado por los magistrados Gretta Marchosky, (presidenta), Geovanina Antinory y Mauricio Marín, confirmaron la medida de detención provisional en base a los afectaciones de los fines del proceso, por la gravedad y por la naturaleza del delito ya que se ha vulnerado el sistema bancario panameño donde la población y el Estado ha dépositado su confianza.

El Tribunal recalcó que en cuento al peligro de fuga, se evaluan otras aspectos que acreditan el mismo, y no solo por ser extranjeros, otro de los riesgos, se evaluó el peligro de destrucción de evidencia, ya que hasta el momento, no se ha podido conocer el destino final del dinero sustraídos de las transferencias bancarias.

La defensa de los imputados, la licenciada Edna Ramos, solicitó que en su efecto se modifcara la medida de detención provisional, por una menos severa, ya que cuentan con arraigo domiciliario, laboral y familiar.

Ramos señaló que sus representados han sido también víctima de las transferencias fraudulentas que se realizaron en su momento, y recalcó que al momento de las aprehensiones, los imputados contaban en sus cuentas bancarias una cifra mínima de dinero

 El fiscal Victor Barrios de la Sección de Litigación y Decisión Temprana  quien solicitó que se mantuviera la medida cautelar y se negará la fianza de excarcelación, señaló que cuentan con una serie de elementos vinculatorios, entre ellos, diligencias de inspección ocular, incautación de cuentas y allanamientos.

Por su parte, la defensa de la querella, participó la licenciada Marcela Araúz quien solicitó que se mantuviera la medida cautelar personal.

Los hechos de este caso se dan desde el pasado 22 al 31 de enero, ocasionando una lesión patrimonial por la suma de B/. 871 mil 500 dólares.