Magistrados del Cuarto Distrito Judicial confirman medidas cautelares personales en operación “Vaquero”

El Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial, integrado por los magistrados Waldo Amir Batista Meléndez (presidente), Flor María González Miranda y Alcides Gabriel Zambrano González, confirmó de manera unánime las medidas cautelares personales decretadas en primera instancia por un juez de Garantías, contra 13 ciudadanos vinculados a una presunta red de asociación ilícita para delinquir en delitos relacionados con hurto pecuario, contra la fe pública y corrupción de funcionarios públicos.

En ese sentido, los magistrados confirmaron seis detenciones provisionales, además de siete medidas distintas a la privación de libertad, entre ellas: el depósito domiciliario, el reporte periódico, la prohibición de salir del territorio determinado y la suspensión de actividades relacionadas con la elaboración de guías de transporte de ganado, a dos funcionarios municipales en las provincias de Herrera y Los Santos.

En esta audiencia de apelación, efectuada el martes de 24 de marzo, el tribunal colegiado, luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes y del proceso deliberativo correspondiente, validó el criterio del juez de Garantías, Bosco Monterrey, al ponderar que la decisión del juzgador es compatible con el ordenamiento jurídico, y garantizan los fines del proceso, además mantienen a los imputados arraigados a esta causa penal.

Participó en este acto de audiencia, efectuado en la sede del Sistema Penal Acusatorio de la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos, la fiscal superior Diana Callender, en representación del Ministerio Público; mientras que los imputados fueron asistidos legalmente por defensores tanto públicos como privados.

La investigación preliminar de esta causa se inicia desde el año 2024, luego de la recepción de informes de inteligencia policial, que dieron lugar a la utilización de técnicas especiales de investigación tales como: interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, además de diligencias de vigilancia y seguimiento, entre otras.

Por: Ivis Leonardo Franco