28 CIUDADANOS QUEDAN DETENIDOS POR ASOCIACIÓN ILÍCITA Y BLANQUEO DE CAPITALES

La jueza de garantías de la provincia de Chiriquí, Bienvenida Araúz, decretó la medida cautelar personal de detención provisional para 28 ciudadanos (17 hombres y 11 mujeres), por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita y por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, luego de 4 días de audiencia.

Después de escuchar las argumentaciones de los intervinientes, la jueza fundamentó su decisión de decretar la medida cautelar de detención provisional, al considerar la naturaleza del hecho y el riesgo procesal de peligro para la comunidad.

En tanto, ordenó la medida cautelar personal de retención domiciliaria para una mujer de 29 años y para un hombre de 40. Asimismo, a una pareja de 68 y 72 años se le impuso la medida cautelar de reporte periódico ante la autoridad competente los viernes de cada semana, la prohibición de salida del país y la de reunirse con las personas investigadas en esta causa penal.

Durante el acto de audiencia, la juzgadora legalizó la aprehensión de los hoy imputados y dio por presentada la formulación de imputación de cargos y estableció el plazo legal para la investigación.

En la audiencia de solicitudes múltiples, la defensa pública y la defensa técnica particular anunciaron recurso ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial, la cual fue programada para el 3 de febrero de 2023 a las 9:00 de la mañana.  

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Joseph Díaz Calderón, Yohana Quiel, Ninfa González y Edgar Tamayo; mientras que la representación legal de los imputados estuvo a cargo de 22 defensores técnicos particulares y defensores públicos.

Con respecto a la medida cautelar real, la jueza de garantías ordenó el comiso de bienes como dinero, autos, cuentas bancarias, yates, fincas y una fundación privada.

Acuerdos de pena

Previamente, la jueza Araúz validó cuatro acuerdos de pena consensuados entre el representante del  Ministerio Público y la Defensa Pública: la sentencia n.º 58 condenó a 70 meses de prisión a una mujer,  sancionó a un ciudadano a la pena de 64 meses de prisión y a otro ciudadano se le impuso la pena de 60 meses de cárcel. 

Además, mediante sentencia n.º 59 se condenó a 60 meses de prisión a un ciudadano de 40 años. La pena accesoria ordenada para todos los sentenciados fue la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de 36 meses una vez cumplida la pena principal.

Este hecho guarda relación con la denominada operación “Napoleón”, desarrollada el 25 de enero y que dio como resultado la aprehensión de 36 personas.