Decretan medidas cautelares a residentes en Las Acacias, de Burunga, por hecho ocurrido en desalojo

La mañana de este miércoles, 6 de junio, se llevó a cabo una audiencia ante la juez de Garantías del Tercer Circuito Judicial, Naida Cáceres, en contra de 18 personas, todos del sexo masculino y entre ellos uno de nacionalidad venezolana, se les decretaron medidas cuatelares personales de reporte periódico e impedimento de salida del país, por la presunta comisión del delito contra la vida e integridad personal (lesiones personales) y contra los servidores públicos, en perjuicio de seis unidades de la Policía Nacional.

En el acto de audiencia, la juez de Garantías, luego de escuchar al representante del Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a miembros del cuerpo legal y vocería de la Polícia Nacional, legalizó la aprehensión, dio por presentada la imputación, por los delitos anteriormente mencionados.

Con respecto a las medidas cautelares, la juez de Garantías fundamentó su decisión en el hecho acreditado en la investigación, la vinculación de los imputados al suceso, sin embargo, hasta este momento procesal, el Ministerio Público no pudo individualizar quien o quienes ocasionaron las lesiones a los miembros de la Policía Nacional, y tampoco se tiene individualizado al miembro de la comunidad que realizó las detonaciones.

Por su parte, el fiscal Gustavo Barragán, de la Fiscalía de Litigación y Decisión Temprana, presentó los elementos de convicción basándose en las evaluaciones médico legal de los seis agentes policiales, que fueron heridos, entre ellos una mujer, quien se encuentra recluida en un centro médico y que cuenta con incapacidad de 60 días; mientras que los demás fueron incapacitados de 7 a 15 días.

Además, de las entrevista a los paramédicos, a las unidades policiales afectadas, y al juez de Paz, se suma el informe de inspección ocular.

Por este caso, los imputados estuvieron representados por el abogado Pablo Martínez y las víctimas por los abogados Antony Fernández y Jorge Antonio Sugasti, a cargo de la Asistencia Legal y vocería de la Policía Nacional.

Cabe destacar que los hechos ocurrieron la mañana del pasado lunes, 4 de junio, en la finca Las Acacias, sector La Alameda, en el corregimiento de Burunga, distrito de Arraíjan, cuando un juez de Paz, en cooperación con miembros de la Policía Nacional y otras instituciones se disponían ha realizar diligencia de desalojo en terrenos propiedad del Estado, que forman parte de un área reforestada, susceptible a deslizamientos.

Debido a la diligencia, los miembros de la comunidad, con objetos contundentes, impidieron el desalojo y obstaculizaron el ejercicio de la Policía Nacional, causándole lesiones a seis de ellos.