Defensa del exdirector de la DGI solicita revisión de medida cautelar de detención provisional
La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sheryl Toulier, mantuvo la medida cautelar de detención provisional impuesta a un exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), investigado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado, y contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Durante una audiencia de revisión de medida cautelar, el Tribunal de Garantías consideró que los elementos nuevos presentados por la defensa no desvirtúan los riesgos procesales establecidos en la audiencia inicial, por lo que no encontró justificación para sustituir la detención provisional por otra medida cautelar.
La decisión fue adoptada este miércoles 18 de noviembre. Durante la audiencia, la juzgadora también se refirió a la condición de salud del imputado y señaló que el tribunal no ha podido constatar ni verificar, a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuál es el tratamiento médico que debe seguir.
Asimismo, indicó que esta situación pudo haberse previsto y evitado mediante una comunicación oportuna de la defensa. También señaló que el Ministerio Público no había sido informado sobre la situación relacionada con el suministro de los medicamentos, lo que habría dificultado las verificaciones correspondientes.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal David Garay. Por su parte, la defensa del imputado fue ejercida por el abogado particular sustituto Javier Quintero, quien solicitó la aplicación de las medidas cautelares de reclusión domiciliaria y uso de brazalete electrónico, al argumentar que su representado también requiere atención médica.
Antes de finalizar el acto de audiencia, la defensa anunció recurso de apelación contra a decisión de la jueza de garantías. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial fue programada para el próximo 9 de diciembre de 2026, a las 8:30 a.m., sala #2, en el edificio Plaza Fortuna.
La investigación guarda relación con un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 25 de mayo de 2026, correspondiente al período 2019-2024, en el que se habría identificado un presunto incremento patrimonial injustificado, así como una posible lesión patrimonial al Estado durante el tiempo en que el imputado se desempeñó como funcionario de la DGI.
Por Guibel C. Moreno C.
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