Detención provisional a representante de corregimiento y tesorero de junta comunal por delitos contra el orden económico

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Didia Ruíz, decretó la medida cautelar personal de detención provisional a un representante de corregimiento y al tesorero de una junta comunal, imputados por la presunta comisión de delitos contra el orden económico, en las modalidades de delitos financieros y blanqueo de capitales, en perjuicio de una entidad bancaria.

Mientras tanto, a un funcionario de una junta comunal, a una colaboradora de un banco estatal y a una ciudadana, igualmente imputados por los mismos delitos, se les impusieron las medidas cautelares personales de reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país y prohibición de acercarse a la Junta Comunal de Arnulfo Arias.

En audiencia celebrada este miércoles 21 de enero, la jueza fundamentó la imposición de las medidas cautelares antes mencionadas tras el análisis de los argumentos presentados por las partes intervinientes, al considerar que la detención provisional resulta cónsona, al tratarse de delitos graves que afectan a la sociedad en general. Asimismo, se acreditó la vinculación de los imputados con los hechos investigados y se identificó el riesgo procesal de peligro para la comunidad, atendiendo a la naturaleza del hecho y al número de delitos imputados.

Previamente, la juzgadora declaró ilegal la aprehensión de los cinco ciudadanos y dio por presentada la formulación de imputación de cargos por parte del Ministerio Público, representado por la fiscal anticorrupción Ileana Castillo, mientras que los imputados estuvieron asistidos por cuatro defensores técnicos particulares y una abogada del Instituto de la Defensa Pública.

El Ministerio Público y dos de los defensores técnicos anunciaron recurso de apelación contra las medidas cautelares impuestas. La audiencia para resolver dicho recurso fue programada para el 5 de febrero, a las 8:30 a.m., en la sala 5, ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

Este caso guarda relación con una investigación iniciada en diciembre de 2024, en las que el Ministerio Público estableció que un grupo falsificó un cheque que fue depositado en una sucursal bancaria y debitado de la cuenta de una universidad ubicada en la provincia de Chiriquí. El monto fue acreditado a una Junta Comunal y, posteriormente, se giraron cheques y se realizaron transferencias a diversas personas naturales. La afectación económica supera los 492 mil dólares.

Por: Joel Omar González.