Detención provisional y otras medidas cautelares distintas para siete ciudadanos por corrupción y falsedad ideológica

La juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sheryl Toulier Molina, en una audiencia de solicitudes múltiples, decretó la detención provisional para dos ciudadanos, de 44 y 60 años, entre ellos un funcionario público (Policía Nacional) y un jubilado ex policía nacional de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), imputados por la presunta comisión de los delitos de corrupción de servidores públicos, en calidad de autor y falsedad ideológica.

A otro funcionario, de 26 años, se le impuso la medida cautelar de retención domiciliaria por los presuntos delitos de corrupción de servidores públicos y falsedad ideológica, ambos en calidad de autor.

Estas medidas fueron apeladas por los defensores técnicos particulares Héctor Enrique Zavala y Ezequiel Acevedo, así como por la defensora pública Selma González.   Este recurso ante el Tribunal Superior de Apelaciones quedó agendado para el 3 de septiembre de 2026, a las 8:30 a.m. en la sala 3 del edificio Plaza Fortuna.

En tanto, a otros dos funcionarios públicos (Policía Nacional), de 30 y 29 años, imputados por el presunto delito de corrupción de servidores públicos, en calidad de autores, se les impuso la medida cautelar de reporte periódico dos veces al mes ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país y suspensión del cargo.

Mientras que a otros dos ciudadanos, de 53 y 40 años, imputados por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, se les impuso el reporte periódico dos veces al mes ante el Ministerio Público y la prohibición de salida del país.

Luego de escuchar y analizar los argumentos de las partes intervinientes, la juzgadora fundamentó su decisión en los principios de necesidad y proporcionalidad, así como en la naturaleza y gravedad de los hechos punibles. Además, valoró la existencia de riesgos procesales, entre ellos, la posible afectación de los medios de prueba y el peligro para la comunidad.

De acuerdo con los elementos presentados durante la audiencia, se estableció la presunta vinculación de los imputados con los hechos investigados, luego de determinarse que se habrían concedido permisos para la adquisición de licencias para porte de armas de fuego mediante documentos falsos, sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Para ello, presuntamente se habrían introducido formularios falsos durante el trámite de los permisos.

Previamente, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión, dio por presentada la formulación de imputación de cargos y otorgó el plazo legal para el desarrollo de las investigaciones.

En la audiencia, celebrada los días 13 y 14 de agosto de 2026, el Ministerio Público estuvo representado por las fiscales Yasmina Montoya y Digna Castillo. Por parte de la DIASP participó el licenciado Omar Rodríguez. Los imputados fueron asistidos, además, por los abogados técnicos particulares Ronaldo Wilwood, Antony Barriol, Víctor Quijada y Leonel Contreras.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en febrero de 2026 por la DIASP, relacionada con un grupo de usuarios y funcionarios que, presuntamente, actuaban en complicidad para presentar documentación falsa durante la tramitación de permisos para armas de fuego.

Por Guibel C. Moreno C.