En caso de auxilios económicos del Ifarhu, juez imputa cargos a nueve personas por peculado por extensión y corrupción

La juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zenia Pérez, decidió no aplicar medidas cautelares personales contra nueve personas imputadas por supuestos delitos contra la administración pública: peculado por extensión y corrupción de servidores públicos en la modalidad de cohecho.

Durante la audiencia, realizada el martes 21 de abril, la juez, tras escuchar los argumentos de las partes, explicó que las personas investigadas fueron citadas y acudieron en su primera convocatoria, lo cual demuestra su interés en el proceso. Además, señaló que los elementos probatorios presentados son débiles y carecen de sustento suficiente, por lo que no justifican la imposición de una medida cautelar. Aunado a que el riesgo procesal no fue debidamente sustentado por el representante del Ministerio Público.  Asimismo, aclaró que mantenerse en el domicilio es una obligación legal, no una medida cautelar como lo solicitó el Ministerio Público.

Previamente, la juez presentó la formulación de imputación para seis personas por el delito de corrupción de servidores públicos, en la modalidad de cohecho, y para otras tres por dos delitos: peculado por extensión y corrupción de servidores públicos, también en la modalidad de cohecho.

El Ministerio Público solicitó la imposición de medidas cautelares, incluyendo reporte periódico una vez al mes y mantener el domicilio para seis ciudadanos, basándose en el riesgo número 3, que implica peligro para la comunidad. Para los otros tres imputados, pidieron reporte periódico dos veces al mes y mantenerse en el domicilio. Sin embargo, anunciaron un recurso de apelación contra la decisión judicial. La audiencia para resolver este recurso está programada para el próximo 6 de mayo, a las 8:30 a.m., en la Sala 5, ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

La defensa de los imputados estuvo a cargo de siete abogados particulares y un defensor público.

Este caso surge tras una auditoría preliminar que detectó múltiples irregularidades en la administración del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) relacionadas con la asignación de becas y auxilios económicos.

Por Guibel C. Moreno C.