Imponen medidas cautelares a 22 personas vinculadas a la Operación Credenciales 2.0

En una audiencia de solicitudes múltiples que duró tres días, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Yazmín Jaén, impuso distintas medidas cautelares personales a 22 personas, entre ellas 17 educadores, dos analistas y tres captadores, por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, blanqueo de capitales, ejercicio ilegal de una profesión, delincuencia organizada y uso indebido de la plataforma del Ministerio de Educación (Meduca).

La jueza decretó la detención provisional de 13 de los imputados. De este grupo, ocho educadores fueron imputados por los presuntos delitos contra la fe pública, ejercicio ilegal de la profesión y blanqueo de capitales. Para adoptar esta decisión, el tribunal valoró el riesgo de la naturaleza grave de los hechos, el modo de ejecución, los elementos que vinculan a los imputados con la investigación y la multiplicidad de delitos atribuidos.

Asimismo, los otros cinco detenidos provisionalmente, entre ellos dos analistas de recursos humanos del Meduca, fueron imputados por los presuntos delitos contra la fe pública, delincuencia organizada y uso indebido de la plataforma del Meduca; y tres captadores particulares: dos por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada, y uno por los supuestos delitos contra la fe pública y blanqueo de capitales. En este caso, la jueza fundamentó la decisión en el peligro de destrucción de pruebas, la gravedad de los hechos, el modo de ejecución, los elementos de vinculación y la cantidad de delitos imputados.

Por otro lado, a siete educadores se les impuso la medida cautelar de arresto domiciliario. A otros dos imputados se les ordenó el reporte periódico los lunes y viernes de cada semana, así como el impedimento de salida del país, con excepciones para asistir a citas médicas de sus hijos menores de edad y atender diligencias judiciales. Además, en algunos casos se dispuso la suspensión del cargo, la prohibición de acercarse al Meduca y la restricción de comunicación con los coimputados.

Entre los argumentos considerados para aplicar medidas distintas a la detención provisional, el tribunal tomó en cuenta circunstancias excepcionales relacionadas con el cuidado de niños con discapacidad y el período de lactancia. También valoró que a dos de los imputados se le atribuye un solo delito que podría ser susceptible de mediación y que, en otros casos, el Ministerio Público no aportó suficientes elementos para sustentar una medida más severa.

En cuanto a las medidas impuestas a los siete educadores bajo arresto domiciliario, el tribunal señaló que valoró la gravedad de los hechos, el modo de ejecución, los elementos de vinculación y la cantidad de delitos imputados.

Las medidas cautelares fueron apeladas por 12 defensores técnicos, tanto particulares como públicos. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones quedó programada para el 23 de noviembre de 2026, a las 8:30 a. m., en la sala 5 del edificio Plaza Fortuna.

Previamente, el tribunal legalizó la aprehensión de las 22 personas y dio por presentada la formulación de imputación de cargos por parte del Ministerio Público, representado por la fiscal Elizabeth Carrión. Los imputados estuvieron asistidos por 19 defensores técnicos particulares y dos defensoras públicas, Jovana Agrazal e Ileana Caicedo.

Las audiencias se desarrollaron en el SPA de Plaza Ágora por espacio de tres días y concluyeron en horas de la madrugada de este viernes 23 de octubre de 2026. Durante el proceso, también se declaró legal un allanamiento excepcional.

Esta investigación se originó en el marco de la Operación Credenciales 2.0, relacionada con una presunta estructura organizada dedicada a la supuesta venta de plazas docentes y a la falsificación de diplomas.

Por Guibel C. Moreno C.