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INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA REALIZA VISITA EN EL CENTRO FEMENINO DE REHABILITACIÓN  



 

Continuando con el programa de visitas a centros carcelarios establecido por el Instituto de la Defensa Pública, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, este martes 21 de mayo le correspondió al Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiari”.

 

En esta visita un total de 16 defensores públicos de la fase de cumplimiento, 9 asistentes legales de campos, trabajadores sociales y personal de la Dirección de Asuntos Penitenciarios del Órgano Judicial atendieron a más de 400 privadas de libertad, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de sus causas y brindar información necesaria para gestionar sus carpetas. 

 

El director del Instituto de la Defensa Pública, Danilo Montenegro, destacó que se está cumpliendo a cabalidad con el cronograma establecido de visitas carcelarias que se han agendado para este año 2024 en todo el país.

 

“Agradecemos a la Defensoría del Pueblo por sumar al Instituto de la Defensa Pública para participar en lo que ellos han denominado “Jornada de Orientación en Derechos Humanos y Asistencia Judicial”, porque en muchas ocasiones nos cuesta ingresar a las cárceles. En estas visitas se atendieron a las privadas de libertad que tiene defensor público y a las que requieren del servicio”, recalcó Montenegro.


Por su parte, la directora del Centro Femenino de Rehabilitación, 
María de Castillero, resaltó que esta actividad es muy importante porque coadyuva de forma interinstitucional en la solución de las peticiones que generan las privadas de libertad.

 

“Esta visita ayuda a bajar los niveles de ansiedad de cada una de las detenidas, ya que se quejan constantemente de desconocer las condiciones de sus causas, pese a que trabajamos ligados con el Órgano Judicial a través de formularios y ellos nos dan pronta respuesta con el Instituto de la Defensa Pública”, recalcó de Castillero.

 

Cabe destacar que esta asistencia entre el Órgano Judicial y la Defensoría del Pueblo es producto de la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para facilitar el acceso y la fluida comunicación entre la persona privada de libertad y su abogado defensor.



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