Juez de Garantías niega solicitud de fianza de excarcelación en caso de “escuchas telefónicas”

El juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Justo Edmundo Vargas, no concedió la fianza de excarcelación, solicitada por la defensa de un expresidente de la República, acusado por los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y contra la administración pública.

 Vargas, tras un acto de audiencia, celebrado hoy, 4 de febrero, en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Palacio de Justicia Gil Ponce, dio a conocer su decisión fundamentada en que no encontró variación de las circunstancias jurídico penales dentro del proceso que se le sigue al acusado. “Estimamos que lo más prudente es negar la solicitud de fianza de excarcelación solicitada por la defensa del expresidente de la República”, recalcó.

 El juez, durante sus argumentaciones, manifestó que la decisión fue tomada luego de la evaluación de los elementos de convicción presentados por todas las partes intervinientes en el acto de audiencia. Asimismo, hizo un repaso de los antecedentes del proceso desde que inició la causa en el 2015 hasta la fecha.

La defensa, por su parte, y en virtud del artículo 169 del Código Procesal Penal, anunció el recurso de apelación. En ese sentido, el juez de Garantías concedió el recurso y fijó como fecha de audiencia frente al Tribunal Superior de Apelaciones el lunes 11 de febrero, a las 10:00 a.m., en la Sala 3, de la sede del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora.

Sugieren cambio de la medida de detención

Antes de la decisión del juez de Garantías, la defensa del expresidente de la República, representada por el abogado Alfredo Vallarino, ofreció una fianza de $500 mil dólares, además de la entrega de los dos pasaportes que tiene su defendido para lograr la libertad ambulatoria. De igual manera, propuso al Tribunal de Justicia que se le otorgara la medida cautelar de impedimento de salida del país y la notificación cada 15 días o en el tiempo que estimara el juez de Garantías.

Vallarino también sugirió que su defendido podía ser monitoreado a través de dos celulares con sistema GPS, para efecto de que la Fiscalía y las autoridades competentes pudieran tener acceso en “tiempo real” de lo que hacía el acusado. Finalmente, el jurista propuso que a su cliente también se le podía decretar la prohibición de acercarse o tener comunicación con los testigos, víctimas y querellantes del proceso.

El abogado, durante su intervención, expuso que el estado de salud del expresidente no es el mejor y presentó dos informes médicos elaborados por cardiólogos, que recientemente lo evaluaron.

Fiscalía y querellantes sustentan

Tras escuchar los argumentos de la defensa, el juez de Garantías dio traslado a la Fiscalía y a los querellantes para que presentaran sus alegatos en cuanto a lo planteado por su contraparte.

Por la Fiscalía, tomó la palabra la licenciada Delia de Castro, Fiscal Superior de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada , y pidió que fuese negada la petición de la defensa del cambio de la medida cautelar y la solicitud de fianza de excarcelación, señalando que todavía persiste el riesgo de fuga, y no hay garantías de que el acusado se presente a las audiencias después de la campaña electoral. “La justificación de hacer campaña política no es mayor o más grande que la responsabilidad de enfrentar el proceso”. Además, indicó que como antecedente, la Corte Suprema de Justicia ya se había pronunciado sobre el asunto de la medida cautelar.

La fiscal expresó que el pasado 10 de septiembre del 2018, en un fallo del Pleno de la CSJ se hace la distinción del plazo de la detención provisional respecto al tiempo en que el acusado estuvo detenido en los Estados Unidos. “No es lo mismo el plazo desde que se le decretó la detención en Panamá, que el tiempo que estuvo detenido en Estados Unidos, en su momento el magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía dejó claro que el tiempo en el exterior no se computaba”, remarcó.

En tanto, todos los querellantes que estuvieron en el acto de audiencia, también pidieron al juez de Garantías que fueran negadas las peticiones de la defensa del expresidente.

A iniciar el acto, la defensa desistió de una audiencia de afectación de derechos que habían solicitado previamente y el juez de Garantías admitió dicho desistimiento.

El pasado 7 de diciembre de 2018, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declinó la competencia ante el Tribunal de Juicio del Sistema Penal Acusatorio, e indicó que se validaban las actuaciones surtidas por el magistrado de Garantías, Jerónimo Mejía, durante la etapa intermedia del caso.

Posteriormente, el 21 de enero de 2019, el despacho del magistrado fiscal Harry Díaz entregó al Ministerio Público, la carpeta dentro de esta causa. El próximo 12 de marzo es la fecha en que se agendó la audiencia de Juicio Oral dentro de este caso.