Jueces de Garantías de Veraguas ordenan medidas cautelares a cuatro imputados por peculado agravado

Este jueves 24 de julio, dos Jueces de Garantías de la provincia de Veraguas, en audiencias de solicitudes múltiples, decretaron cinco medidas cautelares personales distintas a la detención provisional, a cuatro ciudadanos imputados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado.

En la primera audiencia, el juez de garantías Franklin Pinzón decretó las medidas cautelares personales de reporte todos los lunes, prohibición de salir del distrito de La Mesa y prohibición de acercarse a los testigos y familiares, para dos imputados por peculado agravado, en perjuicio de la Junta Comunal de Bisvalles de La Mesa.

Previamente, el tribunal de garantías declaró ilegal la aprehensión, al considerar que no se cumplieron los requisitos establecidos en la normativa penal. Posteriormente, dio por presentada la formulación de imputación de cargos.

En esta audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Raúl Del Río, de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, mientras que la defensa de los imputados estuvo a cargo de los abogados particulares David Reyes y Julio Pinzón.

En una segunda audiencia, el juez de garantías Andrés López legalizó la aprehensión, dio por presentada la formulación de imputación de cargos y decretó las siguientes medidas cautelares personales para dos ciudadanos de 28 y 51 años, imputados por peculado agravado en perjuicio de la Junta Comunal de Boro de La Mesa: obligación de mantenerse en su domicilio, reporte todos los lunes, prohibición de salir de la provincia y del país, prohibición de acercarse a los testigos y uso de un dispositivo de monitoreo electrónico (brazalete electrónico).

En esta audiencia, la Fiscalía Especializada Anticorrupción estuvo representada por la fiscal Joana Osorio, y los imputados fueron asistidos por los defensores técnicos particulares Armando Almanza y Lizeth Berrocal.

La fiscalía apeló las medidas cautelares impuestas; la audiencia para conocer la apelación quedó agendada para el viernes 1 de agosto, a las 2:00 p.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones en Coclé.

Estos casos penales están vinculados a investigaciones iniciadas en octubre de 2024, que giran en torno al presunto uso indebido de fondos del Programa de Interés Social (PDIS), destinados a obras comunitarias durante el período 2019-2024.

Por: Arisenia Rodríguez.