Una audiencia de afectación de derecho, presidida por la jueza de cumplimiento Blanca Páez, falló a favor de un privado de libertad a quien se le violentó el derecho al traslado a cinco citas médicas desde el año 2022 por parte de la Policía Nacional. Esta audiencia se celebró este miércoles 22 de diciembre en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Chiriquí.

La jueza de cumplimiento, mediante el auto n.° 3031 del 21 de diciembre de 2022, hizo un llamado de atención a la Policía Nacional, al indicarle que la falta de presupuesto, de equipo o de personal no es excusa para violentar el derecho de traslado a las citas médicas de los privados de libertad, y se refirió a las 100 Reglas de Brasilia, así como a las leyes de Mandela y a la Constitución Nacional, para defender los derechos de los detenidos, debido a que son personas vulnerables que dependen del Estado y hay que cumplir con las comisiones de salud.

 Se pudo determinar que existen otros siete privados de libertad que no han podido acudir a sus citas médicas por la misma razón.

La jueza agregó que la Policía Nacional de la Cuarta Zona no cumple con su cometido para la seguridad externa ni para atender las citas médicas, violentando los derechos de los detenidos.  Se ordenó al Sistema Penitenciario y a la Policía Nacional que gestionen el traslado oportuno de los privados de libertar a sus citas médicas, e insta a la Policía Nacional, de no poder cumplir con este deber, mantener una mejor comunicación con las autoridades del Centro Penitenciario de Chiriquí, oportunamente y subsanar esas situaciones.

Ante esta situación, ordenó una reunión interinstitucional para conversar sobre esta problemática y poder resolverla lo más pronto posible.

En esta audiencia, participó por la defensa pública del sancionado Erick Ayala. Participó el comisionado de la Policía Nacional, Irving Castillo; el director del Centro Penitenciario de Chiriquí, Pedro Flores; el abogado de la Policía Nacional, Deni Delgado, y el mayor Héctor Mojica, quien está a cargo del Centro Penitenciario. Por parte del Ministerio Público la fiscal, Iris Valdéz

La persona afectada se encuentra en cumpliendo una condena de 86 meses de prisión por el delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas.