JUEZ DE GARANTÍAS DECRETA MEDIDAS CAUTELARES

Este martes 28 de julio de 2020, la Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Yanelka Quijano, decretó las medidas cautelares personales de prohibición de salida del territorio nacional, la entrega del pasaporte al Ministerio Público y reporte periódico los treinta (30) de cada mes, a un Ex Secretario del Consejo de Seguridad imputado por la supuesta comisión del delito Contra la Seguridad Colectiva, en la modalidad de Posesión y Tráfico de Armas y Explosivos.

Esta audiencia se desarrolló en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Plaza Ágora, en donde la Juez de Garantías luego de escuchar los argumentos tanto del Ministerio Público como del abogado particular, fundamentó su decisión al considerar los arraigos domiciliarios, laborales y familiares del imputado. Además de que existe una pandemia que afecta a toda la población. La Juez Quijano también analizó los riesgos procesales tales como: el peligro de fuga y afectación a medios de prueba y que los mismos se ven minimizados con las medidas impuestas.

Previamente, se dio por presentada la formulación de la imputación de cargos hecha por el Ministerio Público, que estuvo representado por el Fiscal Emeldo Márquez Pittí, mientras que la defensa particular del imputado estuvo a cargo del Licenciado Ángel Luis Álvarez Torres.

Audiencia de Afectación de Derecho

Posteriormente la Juez de Garantías resolvió dos peticiones en audiencias de afectación de derechos, solicitada por la Defensa Técnica Particular, luego de escuchar a las partes intervinientes, estableció que se dio una afectación al derecho a la Libertad y a la Inviolabilidad del Domicilio, del ex secretario del Consejo de Seguridad. El Tribunal también solicitó a la Fiscalía que en 15 días se le entregue al ciudadano un duplicado con sus archivos correspondientes a sus actividades económicas.

En cuanto a la segunda petición presentada por el abogado defensor, la Juez de Garantías, determinó que el Ministerio de Público no afectó el derecho a la Presunción de Inocencia y tampoco el derecho a la imagen del ex secretario del Consejo de Seguridad.

Estos hechos tuvieron su origen en el 2019 y guardan relación con una investigación denominada “Operación Furia”, que realiza el Ministerio Público dentro de un presunto caso contra la Seguridad Colectiva.