Juez de Garantías ordena detención provisional a exdirector de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado

El juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fermín Bonilla, decretó la medida cautelar de detención provisional contra un exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, ambos agravados, en calidad de autor.

Durante las audiencias, el juez accedió a la petición del Ministerio Público y argumentó que la detención provisional era la medida más idónea, adecuada y proporcional, debido a la gravedad del delito, así como a los riesgos procesales, como el peligro de fuga, la posible afectación de medios de prueba, el peligro para la comunidad por la naturaleza y número de delitos imputados, y el peligro contra la víctima, que es la sociedad.

Para el juzgador quedó establecida la vinculación del imputado, acreditándose irregularidades a través de informes de la Contraloría General de la República y un análisis financiero que determinaron un incremento considerable de patrimonio, que tras realizar una trazabilidad arroja un saldo aproximado de B/.724,682.39. Además, se detectaron pagos con tarjetas de crédito, transferencias bancarias de origen no determinado y sumas de dinero considerables que no han sido acreditadas.

Asimismo, el juez impuso a la esposa del investigado, también imputada por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales como autora, una medida cautelar distinta a la solicitada por el Ministerio Público, consistente en reporte los lunes y viernes de cada semana, impedimento de salida del país, prohibición de comunicarse con los coimputados y la obligación de mantenerse en el domicilio que proporcionó al Tribunal.

Esta decisión fue tomada considerando el grado de excepcionalidad debido a la condición de salud de la imputada y el interés del menor de edad, ya que ambos padres se encuentran en situación jurídica compleja, tras valorar la vinculación y los riesgos, que no son los mismos que los de su pareja.

La audiencia, que inició el martes 11 de agosto de 2026 y concluyó el miércoles 12 de agosto en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, tuvo como resultado la legalización de la aprehensión y dar por presentada la formulación de la imputación de cargos realizada por el Ministerio Público, representado por el Fiscal Superior Eduardo Enríquez Rodríguez. La defensa técnica estuvo a cargo de las abogadas Gladys Quintero y Sarai Blaistell.

Antes de concluir la sesión, la defensa de Quintero anunció un recurso de apelación contra la medida de detención provisional. La audiencia de apelación fue programada para el 31 de agosto, a las 2:00 p.m., en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

La investigación inició el 25 de mayo de 2026, tras informe de la Contraloría General de la República correspondientes al período 2019-2024, que revelaron un presunto incremento patrimonial injustificado, que ocasionó una lesión patrimonial al Estado durante el tiempo en que el imputado fungió como funcionario público en la DGI.

Por Guibel C. Moreno C.