Jueza de garantías modifica medida cautelar a dirigente sindical

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ninoska Montero, modificó las medidas cautelares de retención domiciliaria y colocación de un brazalete electrónico impuestas a un dirigente sindical de 72 años de edad, y en su lugar acogió la solicitud de la defensa de presentarse a firmar cada viernes, además de la prohibición de ingresar a la provincia de Bocas del Toro.

El imputado enfrenta cargos por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos, en perjuicio de trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

De igual forma, la juzgadora solicitó gestionar, a través del Ministerio de Gobierno, la ampliación del radio de acción del brazalete electrónico.

Al exponer sus consideraciones, la jueza de garantías señaló la necesidad de respetar el principio de presunción de inocencia y, en materia de derechos humanos, aplicar normas menos severas, como las Reglas de Tokio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como las disposiciones relacionadas con personas mayores de 70 años que se encuentran en condición de vulnerabilidad. En ese sentido, indicó que el caso encaja dentro de la excepcionalidad prevista en el artículo 38 del Código Procesal Penal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Eduardo Rodríguez; el imputado fue asistido por el defensor técnico particular César Ruiloba, y la querella estuvo a cargo del abogado Abel María Fernández.

Tanto la Fiscalía como la parte querellante solicitaron que se mantuvieran las medidas cautelares de arresto domiciliario y el uso del brazalete electrónico, por lo que apelaron la decisión. En consecuencia, la audiencia de apelación fue programada para el miércoles 25 de febrero, a las 8:30 a.m., en la Sala No. 5 del Tribunal Superior de Apelaciones, ubicada en el edificio Plaza Fortuna.

La causa penal se originó en el año 2022, a raíz de la querella presentada por el licenciado Abel María Hernández Bultrón, en representación de 143 trabajadores de Isla Bastimentos afiliados al Suntracs.

Por: Guibel C. Moreno C.