Juicio oral por ‘Operación Fisher’ puso a prueba todo el componente de la Oficina contra la Delincuencia Organizada

Luego de cuatro días de audiencia de lectura de sentencia, el Tribunal de Juicio de la Oficina Judicial Especializada Contra la Delincuencia Organizada dio a conocer las penas impuestas en la causa n.° 202000032803, seguida a 14 personas naturales por los delitos de asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales, en el marco de la denominada “Operación Fisher”. Las condenas oscilan entre cinco y 24 años de prisión.

Con esta etapa concluyó el juicio oral más prolongado desarrollado hasta la fecha en el Sistema Penal Acusatorio (SPA). La audiencia del caso Fisher comenzó en  julio de 2025 y se extendió durante aproximadamente 15 meses.

Desde el martes 6 hasta el viernes 9 de octubre de 2026, al mediodía, el Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Anabel Varela Lara, presidenta; Dieter Targanski Gómez, relator; y Baloisa Marquínez Morán, tercer juez, desarrolló la audiencia de lectura de la sentencia, contenida en 212 páginas. Durante esta diligencia, expuso de manera detallada e individualizada los hechos que consideró probados y los fundamentos de las decisiones adoptadas respecto de cada uno de los procesados.

Para el señalado como cabecilla de la organización, el Tribunal de Juicio impuso 14 años de prisión por el delito de asociación ilícita para delinquir y 10 años por blanqueo de capitales, para un total de 24 años. A otros dos colaboradores les impuso 10 años de prisión por cada delito, para un total de 20 años.

Organización con estrechos vínculos familiares 

Otras tres personas, dos de ellas mujeres, fueron condenadas a seis años de prisión por asociación ilícita para delinquir y siete años por blanqueo de capitales, para un total de 13 años. Según lo expuesto en la sentencia, fueron declaradas responsables en calidad de autores por ambos delitos.

Por el delito de asociación ilícita para delinquir, otros tres procesados recibieron condenas de 10 años de prisión, mientras que a tres más, incluidas dos mujeres, se les impusieron penas de seis años.

A otra persona se le impusieron 10 años de prisión por asociación ilícita para delinquir.

Por su parte, dos personas, un hombre y una mujer, fueron condenadas a seis años de prisión únicamente por el delito de blanqueo de capitales. A otras tres personas, dos de ellas mujeres, se les impusieron penas de cinco años por este mismo delito.

Entre las personas condenadas figuran siete hombres y cinco mujeres.

El Tribunal también estableció que la organización, cimentada en vínculos familiares, mantenía una distribución estratégica de las responsabilidades de sus integrantes para desarrollar sus actividades ilícitas.

Penas accesorias incluyen decomiso de bienes y dinero

Durante la audiencia de lectura de sentencia, el Tribunal de Juicio anunció las penas accesorias impuestas a las personas condenadas, cuya ejecución se sujetará a lo dispuesto en la resolución judicial. Entre estas figuran el decomiso de cuentas bancarias y de los intereses generados, así como de vehículos, embarcaciones, fincas y dinero incautado durante las aprehensiones. Entre los bienes mencionados se encuentran más de B/.9.9 millones hallados en un caleto en la Costa Arriba de Colón.

En la fundamentación de la sentencia, el Tribunal dio por probado el esquema de funcionamiento de la organización, cuyo centro de operaciones se encontraba en la Costa Arriba de la provincia de Colón y cuyas actividades se extendían a las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé y Bocas del Toro, entre otras.

En esta etapa también se resolvió la situación jurídica de dos personas jurídicas que, según los jueces, fueron creadas para dar apariencia de legitimidad a bienes de origen ilícito. En consecuencia, se ordenó la disolución de ambas sociedades y el decomiso de sus cuentas bancarias y de los intereses generados. Asimismo, se dispuso el decomiso de tres embarcaciones registradas a nombre de una de ellas y de una propiedad valorada en $335 mil, perteneciente a la otra.

Declaraciones de no culpabilidad y otras decisiones

En la parte resolutiva de la sentencia, el Tribunal también se pronunció sobre otros bienes aprehendidos durante el proceso y las solicitudes presentadas por terceros afectados.

Asimismo, declaró no culpables del delito de asociación ilícita para delinquir a tres personas, una de las cuales fue declarada culpable por blanqueo de capitales. Respecto de quienes no quedaron sujetos a una decisión condenatoria que justificara mantener las medidas cautelares personales impuestas, se ordenó el levantamiento de estas, así como la devolución de bienes y cuentas bancarias, incluidos los intereses generados, conforme a lo dispuesto en la resolución.

Al concluir la lectura de la parte resolutiva, el juez Dieter Targanski Gómez anunció un salvamento de voto respecto de la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal en el caso de una de las condenadas por blanqueo de capitales. A su criterio, no se había probado su participación en un delito que exige dolo.

Posteriormente, se abrió la fase correspondiente a la interposición de recursos contra la sentencia. Principalmente, los abogados defensores anunciaron su intención de recurrir la decisión, mientras que el Ministerio Público informó que se acogería al término legal para analizarla y adoptar una determinación.

El Ministerio Público estuvo representado durante el proceso por los fiscales especializados en Delincuencia Organizada José Israel Leiva y Abdel Guardia Ducasa. Por su parte, los procesados contaron con la asistencia de abogados particulares y de la Defensa Pública.

Otros datos de interés

La Operación Fisher se originó en 2020 y, mediante aproximadamente 50 allanamientos realizados en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, permitió la aprehensión de unas 57 personas.

Durante las diligencias se decomisaron 1,543 paquetes de droga y se localizó un caleto con B/.9,974,000 en efectivo. Junto con otros bienes muebles e inmuebles, entre ellos fincas, vehículos y cuentas bancarias, lo incautado superó los $20 millones.

Esta probada organización criminal colaboraba con el grupo colombiano Clan del Golfo, con la finalidad de movilizar droga hacia Estados Unidos y Europa. 

El juicio oral de la causa n.° 202000032803 comenzó en julio de 2025 ante la Oficina Judicial Especializada Contra la Delincuencia Organizada. En el proceso figuraban 14 personas naturales y dos personas jurídicas, y se admitieron 2,050 pruebas. Antes del juicio, se validaron aproximadamente 30 acuerdos de pena.

Las sesiones de trabajo llegaron a extenderse por más de 10 horas diarias para evacuar las pruebas presentadas por las partes: 1,126 documentales, 743 testimoniales y 150 periciales.

Por: Enrique Luis Brathwaite