Juzgado 15° Penal decide casos del PAN

El juez Décimo Quinto de Circuito Penal de Panamá, Leslie Alberto Loaiza, emitió la tarde de este viernes 12 de julio de 2019, dos resoluciones dentro de las investigaciones por irregularidades relacionadas al extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Una de estas resoluciones se refiere al proceso seguido por la compra de llantas de vehículos del PAN, en el cual el juez Laoiza dictó el fallo de Sentencia Condenatoria N° 13, que declara penalmente responsable a Charles Sadat Bonilla, como cómplice primario del delito de Diferentes Formas de Peculado, y como autor del delito de Corrupción de servidores Públicos, por el cual se le condenó a la pena de 80 meses de prisión e inhabilitación de funciones públicas por igual término que la pena principal. En ese sentido, se ordenó el comiso de una cuenta bancaria.

Asimismo, en este mismo proceso se declaró penalmente responsables a Edwin Miguel Serracín Pineda y a Ana Victoria Andrión Mejía, y se les condena a 48 meses de prisión e inhabilitación de funciones públicas por igual término, como autores del delito de Diferentes formas de Peculado; ello en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional.

Tanto a los prenombrados Serracín Pineda y Andrión Mejía, de manera oficiosa se les reemplazó la pena de prisión por días multa, lo cual arroja un total de B/.1,000.00 y B/.2,000.00, respectivamente, que deberán pagar cada uno de los procesados en favor del Tesoro Nacional en un término de un año.

Esta investigación por instruida por la Fiscalía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación.

Caso por Blanqueo de Capitales

Por otra parte, el juez Leslie Laoiza también dictó el auto de Sobreseimiento Definitivo N° 12, en favor de Rosa Elvira González, Charles Sadat Bonilla, Pacífico González, Javier Oscar Cachafeiro, Mónica María Andrade, Loraine Brigitte Guardia, Esperanza Juarez Andrade, Abraham Williams Gallardo, Vijey Edsel Pérez González, Carlos Roberto Ramos, Celia Aurora Jiménez, Mónica Elena Peralta Othon, Jonathan Ryan Guardia, Boris Zeballos Tenorio, Rafael Guardia Juarez, Junia Esther Ortega, Alvin Araúz Andrión y Daniel Alberto Ríos; dentro de las sumarias seguidas en su contra, por los supuestos delitos contra el orden económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, y contra la seguridad colectiva en la modalidad de Asociación Ilícita para Delinquir.

En este caso en particular, el juez Loaiza concluyó que “ni el hecho punible mediante auditoría se probó el blanqueo de capitales y tampoco el aspecto subjetivo ya que en la mayoría de los sindicados ni se conocen.”

En ese sentido, se dejó sin efectos todas las medidas cautelares personales de los investigados en su momento por la Fiscalía Quinta Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación.