Magistrada García Angulo participa en Comisión Nacional de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal

En representación del Órgano Judicial, la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial (OJ), Ariadne Maribel García Angulo, participó en una reunión de trabajo convocada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mecanismo interinstitucional encargado de dar seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado panameño mediante la adopción de diversas convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

Durante la jornada de trabajo, realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se definió la hoja de ruta para la elaboración del informe del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del equipo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos internacionales adquiridos por los Estados en materia de derechos humanos.

La Magistrada García Angulo participó activamente en las mesas de trabajo técnico, donde se discutió la metodología que guiará la elaboración del informe país, así como la articulación entre las instituciones que desarrollan acciones para la protección de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad: niños, niñas y adolescentes; mujeres; pueblos indígenas; comunidades afrodescendientes; personas migrantes, entre otros grupos.

El Órgano Judicial destacará en este informe los avances registrados desde 2020, tales como la implementación de la Carrera Judicial, la creación de nuevos juzgados especializados en niñez, adolescencia y familia; juzgados de ejecución de pensión alimenticia; el fortalecimiento de la defensa de víctimas; la incorporación de la oralidad en los procesos de familia; la adopción de protocolos específicos para la atención de casos de trata de personas y violencia contra mujeres indígenas y migrantes; así como la digitalización de procesos y la utilización de tecnologías que han mejorado la atención y el acceso a la justicia.

Estos espacios de evaluación permiten no solo visibilizar los logros alcanzados, sino también ayudan al Estado y al Poder Judicial a identificar desafíos pendientes y consolidar nuevos compromisos institucionales en favor de la promoción y garantía de los derechos humanos.