Magistrada Maribel Cornejo Batista participa como panelista en encuentro constitucional de América Latina

En el marco del XXXI Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, la Magistrada Maribel Cornejo Batista, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue panelista en el Panel 4: "Seguridad, estados de emergencia y derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional".

En su intervención ser refirió marco jurídico que regula la suspensión temporal de garantías fundamentales y la evolución de la jurisprudencia constitucional en esta materia.  Realizó un recorrido por las cuatro ocasiones en que Panamá ha recurrido a este mecanismo constitucional en los últimos cuarenta años.

Recordó que el primer estado de urgencia fue decretado en 1987, durante las protestas masivas contra el régimen militar; el segundo, en 1988, tras un intento de golpe de Estado dentro del propio régimen. Posteriormente, se refirió a las medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en el año 2020, cuando el Ejecutivo declaró el estado de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria, y al estado de urgencia decretado en 2025, recientemente en la provincia de Bocas del Toro, como respuesta a los hechos de violencia registrados en el contexto de las manifestaciones relacionadas con la reforma de la Caja de Seguro Social.

La Magistrada destacó el papel de la Corte Suprema de Justicia como garante del orden constitucional, al ejercer el control sobre las medidas excepcionales adoptadas por las autoridades. Explicó que, al no existir un tribunal constitucional en Panamá, corresponde al Pleno de la Corte conocer y decidir las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con estas disposiciones.

Al concluir su ponencia, expresó que el régimen excepcional constituye un mecanismo constitucional de aplicación estrictamente restrictiva, cuya legitimidad depende no solo de la existencia de circunstancias extraordinarias que amenacen la paz y el orden público, sino también del cumplimiento de los principios de legalidad, competencia, necesidad, proporcionalidad y temporalidad a los que se hicieron mención.

Además, resaltó que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha consolidado una línea orientada a reconocer la facultad del Estado para adoptar medidas excepcionales frente a situaciones de crisis, sin perder de vista que dichas facultades deben ejercerse siempre dentro del marco constitucional, garantizando el equilibrio entre la protección del interés general y la plena vigencia del Estado de derecho.

Durante el intercambio se abordó el papel de los tribunales constitucionales y del Sistema Interamericano en la prevención de abusos de poder, a efectos de evitar la normalización de la excepcionalidad y garantizando que, aun en contextos de emergencia, se respeten los derechos inderogables, las garantías judiciales esenciales y el Estado de Derecho.

El panel fue moderado por Ariela Peralta Distefano, abogada especializada en derecho internacional de los derechos humanos, y contó además con la participación de Jhoel Escudero Soliz, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador; Isbela Bustillo, Magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras; Miguel Polo, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia; y Sandra Cordero Gárate, Jueza de la Corte Constitucional del Ecuador.

Este encuentro reafirma su importancia como un espacio de reflexión e intercambio de buenas prácticas entre las altas cortes de la región, fortaleciendo la cooperación judicial y el diálogo constitucional para afrontar los desafíos que enfrentan los Estados democráticos.