MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA CSJ PARTICIPA EN REUNIÓN VIRTUAL DEL CONSEJO JUDICIAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, participó de manera virtual en una reunión extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, junto a las presidentas y presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de los demás países miembros, este martes 10 de enero.

En el encuentro, encabezado por Maite Oronoz Rodríguez, del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que ostenta la presidencia pro tempore 2022-2023 del organismo, los participantes avalaron los planes de trabajo presentados por esta presidencia para los Grupos Especializados de Trabajo, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Combate al Delito.  

También se presentó la petición de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica para que se active el Grupo Especializado de Trabajo Justicia Abierta y colaborar con la presidencia pro tempore 2022-2023 en la coordinación de este, durante el periodo de la presidencia pro tempore del Poder Judicial de Puerto Rico.

Así mismo, Rebeca Guardia Morales, directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Costa Rica y directora regional del Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe, presentó el informe sobre el estado de los trabajos que ha venido desarrollando el centro.

Además, se conoció la propuesta de un nuevo portal web para el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, por parte de la presidencia pro tempore 2022-2023 del Poder Judicial de Puerto Rico, y se instó a los países para que envíen información relevante que pueda incluirse en este portal para mantenerlo actualizado.

Los miembros del Consejo avalaron la iniciativa de la magistrada presidenta de la CSJ de la República de Panamá, María Eugenia López Arias, de realizar para mediados de año una reunión ordinaria presencial en Panamá, a fin de dar seguimiento a los temas propuestos y aprobados recientemente.

El Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe tiene entre sus principales objetivos potenciar la institucionalidad de los poderes judiciales como instituciones del Estado con independencia política, funcional y económica, coadyuvando en la defensa del Estado de derecho, así como consolidar la imparcialidad, estabilidad e independencia de los magistrados y jueces de los países miembros.