Magistradas de la CSJ avanzan en agenda de trabajo durante el XXXI Encuentro Constitucional de América Latina

La magistrada presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo Batista, y la magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo y Laboral, Gisela del Carmen Agurto Ayala, participan en la segunda jornada del XXXI Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, que se celebra en Montevideo, Uruguay.

La jornada inició con el Panel 1 "Control de convencionalidad en materia penitenciaria: estándares interamericanos y tensiones entre modelos retributivos y enfoques alternativos", desarrollado bajo las reglas de Chatham House y moderado por la gerente de proyectos del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.

Durante este espacio se analizó el papel de los tribunales constitucionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a la crisis penitenciaria en América Latina, particularmente en temas relacionados con el hacinamiento, las condiciones indignas de reclusión y la protección reforzada de las personas privadas de libertad en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, se destacó que el control de convencionalidad exige a jueces y autoridades nacionales interpretar y aplicar las normas internas de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El panel también propició una reflexión sobre las tensiones entre los modelos penales retributivos, el populismo punitivo y la necesidad de impulsar enfoques orientados a la resocialización, el respeto a la dignidad humana y la reducción del uso excesivo de la prisión.

Como parte del programa académico, las magistradas asistieron al diálogo jurisprudencial entre Alemania y América Latina, en el que se presentó una compilación de sentencias relevantes. La exposición estuvo a cargo de Hartmut Rank, director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, y del coordinador académico de la publicación, Emilio Maus.

Posteriormente, participaron en el Panel 2, "Libertad de expresión y sus límites en la jurisprudencia constitucional contemporánea", en el que se abordó la libertad de expresión como un derecho fundamental para el fortalecimiento de la democracia, el debate público, el control ciudadano del poder y la formación de una opinión pública libre.

Durante las exposiciones se analizaron los criterios desarrollados por los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para determinar cuándo una restricción a este derecho resulta legítima y cuándo puede constituir un acto de censura o de silenciamiento del disenso. Además, se examinaron las tensiones entre la libertad de expresión y otros derechos e intereses jurídicos, como el derecho al honor, la reputación, la seguridad nacional y el orden público, resaltando la aplicación del principio de proporcionalidad y de los estándares interamericanos de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad.

Como parte de la agenda prevista para este viernes, la magistrada Gisela del Carmen Agurto Ayala integrará el Panel 3, "Independencia judicial y legitimidad democrática de los tribunales constitucionales en contextos de regresión democrática o alta polarización", junto a representantes de las cortes de Uruguay y Brasil, así como de los tribunales constitucionales de Bolivia y Perú.

Por su parte, la magistrada Maribel Cornejo Batista participará en el Panel 4, "Seguridad, estados de emergencia y derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional", donde compartirá el espacio con representantes de los poderes judiciales de Ecuador, Honduras y Colombia. 

A través de paneles temáticos, talleres y espacios de intercambio de experiencias, este encuentro fomenta el aprendizaje colaborativo entre las altas cortes de la región. La presencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enriquece este escenario con una visión transregional, fortaleciendo el diálogo jurídico, el intercambio de buenas prácticas y los lazos de cooperación entre las instituciones encargadas de la justicia constitucional.