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Magistrado de la CSJ expone en VI Congreso de Criminalidad



El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José E. Ayú Prado Canals, participó este miércoles 14 de noviembre, en el VI Congreso de Criminalidad “Análisis del Contexto Regional y Local: Enfoques Metodológicos para la Construcción de Estrategias de Seguridad Ciudadana”, actividad organizada por el Ministerio de Seguridad Pública, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y la Dirección Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

En su participación, el magistrado Ayú Prado Canals, se refirió al tema de justicia penal y su impacto en la persecución del delito, donde hizo énfasis en que “el sistema de justicia penal y su impacto en la persecución del delito, debe verse desde la perspectiva de la política criminal, pues es un problema de criminalidad, de allí que no puede abordarse eficazmente desde el sistema penal, ya que presenta dimensiones sociales y culturales profundos, que abarcan la organización social en su conjunto y los métodos de resolución de conflictos”.

Además, de la importancia de trabajar mancomunadamente con las otras políticas públicas, a fin de generar el desarrollo y elevar los niveles de vida de toda población, generando la máxima cantidad de recursos institucionales que puedan regular, social y políticamente, los posibles conflictos sociales.

En ese mismo sentido, aprovechó la oportunidad para presentar un informe estadístico referente a la aplicación y efectividad del nuevo Sistema Penal Acusatorio en nuestro país, recalcando una de sus ventajas, la reducción del tiempo de los procesos a nivel nacional, desde que inicia la causa hasta que se dicte sentencia, de un estimado de 42 días. Mientras que con el sistema inquisitivo, antes de la vigencia de este sistema acusatorio, había que esperar un promedio 296 días, es decir casi 10 meses o más, para conocer el resultado de un proceso.

Con referencia a las medidas cautelares aplicadas bajo las reglas de este nuevo sistema de corte acusatorio, desde septiembre del 2011 hasta el 30 de junio de 2017, se han aplicado 11 mil 782 medidas cautelares. De las cuales, 3 mil 315 han sido detenciones provisionales.

En cuanto a la utilización de los métodos alternos de resolución de conflictos a nivel nacional, del período de septiembre de 2011 hasta junio de 2017, un total de 1688 mediaciones han sido realizadas. De los cuales, con acuerdo se dieron 1235, lo que ocupa un 73%; sin acuerdo se efectuaron 438, lo que representa un 26%, y sólo en 15 procesos desistieron a este método alterno de conflicto.

Para ese mismo período, más de 7 mil sentencias fueron dictadas, de los cuales 6 mil 623 fueron por jueces de garantías, y sólo 512 llegaron a un juicio oral.

Por otra parte, en cuanto a las solicitudes ingresadas y resueltas en la Sala Segunda de lo Penal, para ese mismo período, un total de 101 procesos de extradición fueron resueltos en su totalidad, como también 60 recursos de casación.

Finalmente, comunicó a todos los participantes, los proyectos que trabaja el Órgano Judicial a beneficio del sistema, entre ellos el Convenio marco de Cooperación entre el Órgano Judicial y la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá (CCIAP), que tiene como objetivo realizar de manera objetiva y transparente, un monitorio al nuevo sistema de enjuiciamiento, luego de haberse implementado en el Primer Distrito Judicial, el pasado 2 de septiembre de 2016.

De igual forma, un convenio con una universidad local de prestigio y experiencia, y con la Embajada de los Estados Unidos de América, que medirán si la inversión que han brindado a este Órgano del Estado, ha tenido los resultados esperados, en cuanto a las capacitaciones que se han dado hasta la fecha.

En este congreso, participan colaboradores judiciales, de estamentos de seguridad y otras instituciones, con el objetivo de proporcionar elementos metodológicos para la construcción de líneas estratégicas de seguridad ciudadana desde el análisis del contexto regional y local.

 



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