La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio del Segundo Circuito Judicial (San Miguelito), Jemajara Pedroza, decretó la medida cautelar personal a 33 ciudadanos por la presunta comisión del delito falsificación de documentos privados, en audiencia celebrada el miércoles 15 de junio en las instalaciones del Salón de Audiencias del Segundo Tribunal Superior.

A dos ciudadanos la juzgadora les concedió la medida cautelar de impedimento de salida del país; unos 18 imputados se fueron a una suspensión condicional del proceso; 7 a mediación y 6 personas quedaron sin medidas.

Después de escuchar los argumentos tanto del Ministerio Público como de la defensa técnica particular y del Instituto de la Defensa Pública, la juzgadora sustentó su decisión al considerar que las medidas concedidas eran la más idóneas, necesarias y proporcionales a la naturaleza del hecho.

La formulación de imputación de cargos y solicitud de medidas cautelares fue sustentada por los fiscales Yilky Eastman y Cristóbal Fundora. La asistencia legal de los imputados estuvo a cargo de unos 22 defensores, entre técnicos particulares y defensores públicos. También participaron como querellantes Maruja Guadalupe Gorday, Luis Aparicio y Nelson Delgado.

Este caso guarda relación con una investigación iniciada el 28 de diciembre de 2021, tras denuncias por un concurso de postulación del Ministerio de Educación, afectado por personas que supuestamente presentaron certificados y diplomas falsos de universidades particulares y de una pública.