Niegan extensión de un año en causa compleja contra dirigentes sindicales

Este jueves 14 de mayo, la jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Yazmín Jaén, negó la solicitud de extensión por un año adicional del término de investigación en la causa compleja seguida contra un dirigente sindical de 72 años y otras personas, por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita y falsificación de documentos, en perjuicio de trabajadores del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs).

Tras escuchar a las partes, la juzgadora fundamentó su decisión en tres aspectos principales: las entrevistas recabadas por la Fiscalía, pese a su volumen, no demostraban relevancia determinante para justificar la ampliación; el servidor  de la computadora señalado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) fue declarado irrecuperable, sin que se estableciera la importancia de la información contenida; y el informe financiero presentado no explicaba la relación de los hechos investigados. En consecuencia, concluyó que ninguno de estos elementos sustentaba la extensión del plazo.

La jueza recordó además que la causa fue declarada compleja el 21 de noviembre de 2025 por un juez de garantías, quien en ese momento concedió seis meses adicionales para la investigación. Indicó que el proceso acumula tres años de investigación preliminar y un año de investigación formal, para un total de cuatro años, por lo que advirtió sobre la necesidad de analizar el vencimiento de los términos procesales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la prórroga para continuar desarrollando diligencias judiciales, entre ellas, entrevistas, el análisis especializado de un servidor informático y otros informes, al señalar que el expediente consta de 87 tomos.

Por su parte, dos abogados de la defensa técnica particular se opusieron a la petición, mientras que otro defensor manifestó no tener objeciones, al considerar que la causa será archivada por inexistencia de delito.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Octavio Nicolau. Los imputados fueron asistidos por los abogados defensores César Ruiloba, Rolando Rodríguez y Mario Prado. Como querellante en representación de las presuntas víctimas participó el licenciado Abel María Hernández Bultrón.

Durante el acto, la jueza indicó al abogado César Ruiloba que podía solicitar, a través de la Oficina Judicial, la revisión de la medida cautelar impuesta a su representado, el dirigente sindical de 72 años.

Por Guibel C. Moreno C.