Niegan trabajo comunitario a sancionado por caso de blanqueo de capitales

La tarde de este, jueves 22 de agosto, se llevó a cabo una audiencia frente a la juez de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Angeline Adames, quien negó la solicitud de trabajo comunitario a Raúl Alberto Saint Malo García, condenado a 60 meses de prisión, en marzo de 2019, por el delito contra el orden económico (blanqueo de capitales), en perjuicio de la sociedad panameña.

La juez de Cumplimiento, luego de escuchar la sustentación y argumentación de las partes, para el cambio de medida sustitutiva por la pena de prisión, negó la solicitud hecha por la defensa, toda vez, que la propuesta de trabajo comunitario ofrecida era en calidad de profesor en la Universidad Marítima de Panamá, lo que no cumple con lo establecido en el artículo 65 del Código Penal.

Además, la solicitud careció de un consentimiento por escrito que manifestara que la función de docente se realizaría de manera no remunerada, pese a que quedó evidenciado que el sancionado no cuenta con estudios en docencia superior para ejercer dicho cargo.

Ante esto, la juez sustentó que la Ley 40 del 1 de diciembre de 2005, que reglamenta a la Universidad Marítima de Panamá, y la Ley 81 del 8 de noviembre de 2012 establecen los requisitos para la escogencia de los docentes.

En el acto de audiencia, la abogada Nedelka Díaz, presentó una serie de elementos, entre ellos, nota emitida donde se ofrece a dicha casa de estudios, y dos testigos, quienes respaldaron la solicitud y señalaron que el sancionado ya estaba ejerciendo el cargo de profesor, sin el aval de una autoridad judicial correspondiente.

Por su parte, la fiscal Tania Sterling de la Fiscalía Anticorrupción, quien no se opuso al cambio de medida sustitutiva de la pena de prisión por trabajo comunitario, sustentó la validación del acuerdo de colaboración eficaz por el Juzgado Décimo Segundo del Circuito Penal de Panamá, donde se impuso la condena a 60 meses de prisión, como pena principal y el comiso de más de 2 millones de dólares, como pena accesoria.