Nota de Prensa
Los funcionarios de la Oficina Judicial de la Corte Suprema de Justicia, culminaron la misión oficial a ellos encomendada, de mantenerse en el Consulado de Panamá en Miami, Florida, Estados Unidos de América, el miércoles 26 y jueves 27, en horas de oficina, para facilitar la notificación de un indiciado, sobre la solicitud de audiencia de imputación presentada por el Magistrado Fiscal Abel Zamorano.
La persona indiciada, quien guarda relación directa con la audiencia de imputación fijada para el miércoles 10 de mayo de 2017, a las 9:00 am, no se presentó al Consulado de Panamá en Miami.
Este ha sido otro esfuerzo por parte de la Oficina Judicial de la Corte Suprema de Justicia, de lograr la notificación, utilizando los medios técnicos, de conformidad con el Código Procesal Penal.
Se reitera que anteriormente se hizo la notificación al concluir una audiencia, el día 3 de abril; se solicitó Asistencia Judicial mediante el TALM; se hizo entrega de copia autenticada y traducida oficialmente al inglés, de la solicitud de Asistencia Judicial, en la Embajada de Panamá en los Estados Unidos de América, la Misión de Panamá ante la OEA y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América; se publicaron avisos en periódicos de Panamá, que aparecieron los días 17, 19 y 21 de abril; se solicitó al Consulado de Panamá en Miami que se le hiciera llegar al domicilio del indiciado registrado a su nombre en Miami, copia de la documentación e informándole de la presencia de funcionarios de la Oficina Judicial en el Consulado; y se publicaron avisos en periódicos de Miami, que aparecieron los días 26 y 27 de abril, para que el indiciado se entere de todo lo anterior.
Se aguarda el resultado de la Asistencia Judicial invocando el TALM.
Originales, copia y constancia de todo lo anterior, estará a disposición de las partes en el proceso, en la carpetilla que reposa en la Oficina Judicial de la Corte Suprema de Justicia, a partir del martes 2 de mayo de 2017.
La Oficina Judicial de la Corte Suprema de Justicia, continuará actuando de conformidad con la Constitución y el Código Procesal Penal, además que con transparencia y facilitando la rendición de cuentas.
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